El Govern quería crear una base de datos de Renta Mínima, no perseguir fraude

Barcelona, 26 ago.- El conseller de Empresa y Ocupación de Cataluña, Francesc Xavier Mena, ha dicho hoy en el Parlament que el cambio en la forma de pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI), no tenía por objetivo detectar casos de fraude, sino crear una base de datos y poder hacer una política de reinserción social y laboral.

Francesc Xavier Mena y el conseller de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, han comparecido hoy ante la Diputación Permanente del Parlament para dar cuenta de los cambios introducidos en la RMI, también conocida como PIRMI, por la polémica suscitada por la decisión de la Generalitat de pagar la ayuda del mes de julio a través de un cheque y no por transferencia bancaria.

Mena ha replicado a las críticas de los grupos de la oposición, en una sesión en la que ICV ha pedido su dimisión, el PSC su reprobación y el PPC le ha pedido una rectificación.

Los dos consellers han defendido su actuación remarcando que, a partir septiembre, "se volverá a pagar por transferencia y se harán informes anuales de las prestaciones, como marca la ley, para hacer un seguimiento y poner en marcha proyectos de reinserción".

Tras afirmar que "ésta no es una renta no contributiva", el conseller Mena ha explicado que, por recomendación de expertos en bases de datos y ante la imposibilidad de actualizar su información, en julio, enviaron 34.535 talones nominativos y certificados para recabar información a partir de la presencia física de los beneficiarios de esta ayuda.

Tras negar que con este cambio se haya generado la peor crisis del sector social de Cataluña, ha reconocido que aunque ha habido situaciones de incomodidad, ya se han cobrado la gran mayoría de los talones, 27.828, y el resto, que supone el 19,4 % de los enviados, no se han podido pagar.

Sobre la situación de los expedientes, el conseller Mena ha dicho que en una muestra aleatoria entre 100 de los beneficiaros de la prestación se han visto muchas irregularidades.

Entre ellas ha destacado saldos muy elevados en cuentas, ingresos recurrentes superiores al salario mínimo, pagos de peajes en autopistas europeas, personas con pasaportes perdidos o entradas al país en fechas recientes, además de pagos con visas en restaurantes, y facturas de teléfonos móviles por importes superiores a la prestación.

En la sesión de control, el PSC ha acusado al Govern de haber realizado "una contrarreforma por la puerta trasera" y ha aseverado que el PIRMI "no es un instrumento ni del tripartito, ni de derechas, ni de izquierdas, es un instrumento de país, de cohesión social y que siempre ha estado consensuada desde los gobiernos de Jordi Pujol".

Desde ICV, su secretario general, Joan Herrera, ha acusado a los consellers de actuar con "mezquindad moral y con insensibilidad humana", y Pere Bosch, de ERC, ha censurado que se hayan hecho estos cambios "sin un plan y sin ningún tipo de consenso".