Madrid, 7 jul.- El grupo mixto ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que explique las razones del traspaso de la gestión de los registros civiles a los registradores mercantiles.
La diputada del BNG Olaia Fernández Dávila ha planteado esta iniciativa con el objetivo de que Ruiz-Gallardón exponga en la Comisión de Justicia de la Cámara baja las repercusiones de esta medida para los ciudadanos y para la plantilla de los trabajadores de los registros civiles.
Fernández Dávila ha dirigido además al Ministerio de Justicia una serie de preguntas para su respuesta por escrito sobre lo que define como "el inicio de la privatización" del Registro Civil.
Entre otras cuestiones, la parlamentaria del BNG quiere saber si habrá despidos, si el Departamento de Justicia no tendría que haber buscado el consenso con los profesionales directamente implicados en esta iniciativa y cómo será el modelo de financiación.
La parlamentaria del BNG señala que existe una gran preocupación entre los trabajadores de los registros civiles, casi 5.000 empleados con un 20 por ciento de interinos, que temen por sus puestos de trabajo, sobre todo, en sus actuales lugares de residencia.
"Es inconcebible que se pretenda poner en funcionamiento un servicio público sin haber aclarado su modelo de financiación, sobre todo, por parte de un Gobierno que hace alarde de ejemplaridad en la gestión pública económica", indica Fernández Dávila.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros ha provocado el malestar del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, de los secretarios judiciales y de diversas organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, apunta la diputada del BNG.
Según Fernández Dávila, las organizaciones sindicales consideran que los ciudadanos tendrán que pagar por la tramitación de numerosos expedientes y, con toda probabilidad, en el futuro, deberán costear determinadas inscripciones y certificaciones.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio un real decreto por el que los registradores mercantiles asumirán en el futuro la gestión de los registros civiles, en sustitución de los jueces.
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