El grupo popular recurrirá el archivo de la querella contra Luna por cohecho

  • Valencia.- El grupo popular en Les Corts Valencianes recurrirá el archivo de la querella que presentó contra el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, por un supuesto delito de cohecho, relacionado con las obras realizadas en su vivienda en 1998.

El TSJCV archiva la querella contra Luna por cohecho al considerar el delito como prescrito
El TSJCV archiva la querella contra Luna por cohecho al considerar el delito como prescrito

Valencia.- El grupo popular en Les Corts Valencianes recurrirá el archivo de la querella que presentó contra el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, por un supuesto delito de cohecho, relacionado con las obras realizadas en su vivienda en 1998.

En un comunicado, el grupo popular ha lamentado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya desestimado la querella al considerar que el delito de cohecho que se le imputaba al socialista ha prescrito.

La querella fue presentada por seis diputados autonómicos del PP que sostenían que la reforma de la casa de Luna fue pagada por el empresario Enrique Ortiz, vinculado a los casos "Gürtel" y "Brugal".

Los populares han calificado de "sorprendente, por inusual, la prisa que se han dado" en solicitar el archivo de la querella tanto el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, como el magistrado instructor.

El PP ha recordado que "no han pedido a la acusación su opinión sobre la eventual prescripción" y que su partido "ni siquiera" conoce el escrito del fiscal en el que solicitaba el archivo.

Lamentan que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV cierre así "la investigación y, por ende, impida conocer la verdad de las relaciones entre Luna y el empresario Enrique Ortiz".

El delito de cohecho que según el juez ha prescrito, por tener una duración de tres años, es el regulado en el artículo 425.1 del Código Penal, previsto para aquel funcionario público que solicite una dádiva o prometa realizar un acto como recompensa del ya realizado, han indicado.

Por contra, el PP mantiene que el delito de cohecho que se debía de haber estimado es el previsto por el artículo 420 del Código Penal, que "no exige que el acto por el que se recibe el regalo o la promesa sea delictivo, sino simplemente injusto", y que prescribe a los diez años.

Igualmente, ha criticado que la resolución judicial "dé relieve al hecho de que la vivienda no sea propiedad de Luna, y a la factura relativa al coche", ya que, para la acusación, "el delito de cohecho existe aunque se beneficie del mismo una persona distinta del corrupto, como su cónyuge".

Además, ha puntualizado, "la factura no demuestra nada sin ser corroborada por otros medios de prueba, como los documentos relativos a su pago o a su contabilización y declaración a la Agencia Tributaria por Enrique Ortiz".

"Si el magistrado instructor y el fiscal tenían tan claro cuál era el delito cometido y que éste estaba prescrito, ¿por qué acordaron y permitieron, respectivamente, la declaración de Luna? La prescripción se podía haber apreciado sin necesidad de que Luna declarara", han agregado los populares.

Por todo ello, el grupo popular ha anunciado que recurrirán el archivo de la causa.

Según han dicho, en su etapa como alcalde de Alicante, Luna adjudicó a Ortiz contratos por valor de 1.200 millones de pesetas, y pasó a trabajar para este empresario una vez dejó la alcaldía.

"Es por eso que entendemos que Luna debería ser el primer interesado en que no se archive el caso con el fin de que se esclarezcan los hechos", han manifestado en el comunicado.

Además, han censurado a Luna por no aclarar "las contradicciones en que incurrió" durante su declaración la semana pasada ante el juez, al que explicó que fue su esposa quien pagó la reforma, aunque no aportó ninguna factura porque las empresas que la llevaron a cabo no guardaban justificantes de hacía trece años.

"El portavoz socialista ha pasado de decir que pagaba sus facturas, a que las pagaba directa o indirectamente, que las abonó con su mujer y finalmente que fue sólo ella quien pagó la reforma. Todo ello sin una sola prueba", han concluido.

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