El IPI critica la lentitud de México para mejorar la libertad de prensa

Viena, 16 abr.- El Gobierno federal de México tiene buena voluntad para garantizar la libertad de prensa y el castigo a quienes atentan contra ella, pero necesita acelerar el ritmo en la aprobación y aplicación de medidas, denunció hoy el Instituto Internacional de la Prensa (IPI).

En un informe hecho público hoy desde su sede en Viena, el IPI destaca que esa lentitud, junto a la falta de interés de las autoridades de algunos Estados, como dos de los problemas para detener la violencia contra los periodistas y los ataques a la libertad de prensa en el país norteamericano.

"Tenemos la sensación de que el Gobierno se está tomando este asunto muy en serio, pero el proceso está tardando demasiado", declaró a Efe Barbara Trionfi, responsable de Libertad de Prensa del IPI y una de las integrantes de la delegación que visitó México el pasado febrero.

De esa misión ha surgido el reporte "La situación de la libertad de prensa en México" entre cuyas conclusiones se cuenta una petición al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que "acelere la aprobación de la legislación necesaria" para poder investigar los delitos contra los periodistas.

Entre esas medidas destaca la aprobación del marco legal para fortalecer el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

El reporte recuerda que desde el año 2000, 70 profesionales de los medios han sido asesinados en México y que el país lleva desde 2006 siendo sistemáticamente el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en toda Latinoamérica.

"Muchos de esos asesinatos son prueba de una brutalidad indescriptible: reporteros mexicanos han sido torturados, decapitados, arrojados a las cunetas de las carreteras del país o a canales de aguas residuales", denuncia el informe elaborado por el IPI y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Trionfi indicó que ya el anterior Ejecutivo hizo muchas promesas e incluso aprobó modificaciones legales que aún tienen que ser aplicadas.

Según Trifoni, el elemento esencial de esas reformas es contar con herramientas para garantizar que "los autores de esos asesinatos irán a la cárcel".

El informe también advierte de que las autoridades de algunos Estados suponen un importante obstáculo a la hora de avanzar en la protección de la libertad de prensa y de los periodistas.

Vincent Peyrègne, presidente del WAN-IFRA, denunció la existencia de un abismo entre la "aparente voluntad del Gobierno federal de enfrentar el tema de la seguridad de los periodistas y, por otra parte, el rechazo de los Gobiernos de algunos Estados en reconocer siquiera que existe una amenaza a la libertad de expresión (...)".

El informe se centra en los casos de los Estados de Chihuahua y Veracruz, dos de los más peligrosos para los periodistas.

Según Trionfi, la falta de interés de las autoridades regionales puede deberse a múltiples razones, desde la falta de entrenamiento de las fuerzas policiales para investigar estos crímenes a posibles conexiones entre el poder y grupos criminales, responsables de los ataques a la prensa.

La representante del IPI insistió en que los crímenes contra periodistas no queden impunes es una de mas mejores armas para evitar la violencia contra la prensa.