El juez deja libre con cargos al directivo bancario detenido en Lanzarote

Arrecife de Lanzarote.- El directivo bancario Julio Romero Ortega, detenido en la Operación Jable, ha sido puesto en libertad provisional sin fianza e imputado por un delito de cohecho esta tarde, tras prestar declaración ante el magistrado que instruye la causa.

Romero, que dirige una sucursal bancaria en Arrecife y fue detenido por agentes de la UCO de la Guardia Civil el pasado lunes, abandonó la sede judicial acompañado de su abogado.

Julio Romero es miembro de la dirección insular del PP en Lanzarote, partido por el que fue consejero en el Cabildo Insular, institución en la que llegó a ser vicepresidente con CDS.

Además, es socio en una empresa con otros dos detenidos en la Operación Jable, Rafael Arrocha y Manuel Spínola.

Arrocha, jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife ingresó ayer en prisión por orden judicial, mientras que Manuel Spínola, responsable del área de actividades clasificadas del Cabildo de Lanzarote, ha quedado en libertad sin fianza, imputado por un delito de cohecho.

Julio Romero salió del Palacio de Justicia sobre las 15.30 horas, visiblemente emocionado, y fue recibido por miembros de su familia.

A la salida del Juzgado, su abogado defensor, Luis Romero, destacó que se ha dictado un auto de libertad "sin fianza" y "sin ningún tipo de medida", con lo cual Julio Romero no tendrá que comparecer en el Juzgado periódicamente.

El abogado señaló que, en su opinión "tanto el fiscal como las fuerzas y cuerpos de seguridad" se habrían excedido al tener detenidos durante más de 72 horas a algunos de los detenidos en la Operación Jable.

A juicio del letrado "se han hecho unas filtraciones a los medios de comunicación" a pesar de existir secreto de sumario lo que, afirmó, ha producido "desigualdad para las defensas con respecto al Ministerio Fiscal".

Además, el abogado declaró que "la puesta en escena" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "para los medios de comunicación" no es "la más adecuada" a la hora de salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos e imputados.

Luis Romero aseguró en este sentido que en el desarrollo de la "operación Jable", pieza separada de la "Operación Unión", se ha perjudicado tanto "el derecho de defensa" de los imputados como, "sobre todo, el derecho al honor, la intimidad y la imagen de cada una de las personas implicadas" y resaltó que "se ha visto que agentes de la UCO incluso llevaban chalecos antibalas".