Castellón, 26 ene.- El juez de instrucción de Vinaròs (Castellón) encargado del caso contra el almacén de gas Castor ha imputado a 18 personas tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la Fiscalía dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS, controlada por ACS que posee el 66 %.
En el auto de apertura de diligencias el juez explica que el 31 de enero de 2006 Escal UGS solicitó la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas denominado Castor.
Antes de la concesión, la Dirección General de Política Energética y Minas pidió un informe técnico y científico al Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
El informe de 23 de enero de 2007, concluía que "la estructura Castor se entiende apta para el almacenamiento de gas natural" y no
En el auto además, se hace referencia a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable dictada por la Secretaría de Estado de Cambio Climático el 23 de octubre de 2009.
También recuerda que una resolución del 7 de junio de 2010 de la Dirección General de Política Energética y Minas otorgaba a Escal UGS la autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el proyecto Castor.
A Escal UGS se le requirió que incluyera en el Estudio de Impacto Ambiental un análisis sobre la "problemática suscitada" sobre el "riesgo de seísmos".
Pero Escal UGS, "no sólo no aporta estudio alguno, sino que se aparta de la actuación responsable", al tiempo que "sorprende extraordinariamente" a la Fiscalía que la Administración "aceptara esta observación sin instar su cumplimiento".
Así, la empresa se dispuso a iniciar la inyección del gas colchón y "empiezan a registrarse los seísmos cada vez con más frecuencia" en septiembre de 2013.
La Fiscalía de Castellón acordó un mes después incoar diligencias de investigación penal para esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones, la Fiscalía decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto por prevaricación medioambiental.
A la vista de lo expuesto por la Fiscalía, el juzgado acuerda abrir diligencias previas para investigar los hechos supuestamente delictivos.
Se ordena así citar a declarar en calidad de imputados a los responsables del informe del Instituto Geológico y Minero del 23 de enero de 2007 y a los responsables de la resolución del 7 de junio de 2010, y dentro de la misma a los responsables de la Declaración de Impacto Ambiental.
Asimismo se cita como imputados a los ocho miembros del consejo de administración de Escal UGS, entre ellos Recaredo del Potro, presidente de la mercantil.
El proyecto Castor se encuentra también inmerso en otros procesos judiciales como la sentencia conocida la semana pasada del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Castellón que declaraba nula la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Vinaròs a la empresa ESCAL UGS para la construcción de la planta terrestre de operaciones para el almacenamiento.
Además, se ha conocido otra sentencia de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EFE, que vuelve a estimar una demanda de Río Cenia S.A. y que considera que no se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental de la tubería que une las instalaciones marítimas con las terrestres del almacén de gas Castor.
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