El juez ordena el ingreso en prisión de uno de los detenidos el 22-M por intento de homicidio

El juez Javier Tejeiro ha decretado el ingreso en prisión de uno de los 24 detenidos el sábado en Madrid tras las protestas con las que concluyó la Marcha por la Dignidad. La policía había incluido en el atestado el relato de los hechos protagonizados por este manifestante, Manuel M. S., madrileño de 21 años, que arrojó un adoquín de grandes dimensiones contra un agente al que un grupo de radicales había rodeado y agredido, quitándole también el casco, hecho por el cual se le imputó homicidio en grado de tentativa. El juez lo ha considerado merecedor de la prisión incondicional, aunque rebajando la gravedad del delito a lesiones. Además, le acusa de atentado a la autoridad y desórdenes.

Un total de 19 de los 21 arrestados que son mayores de edad han declarado en los juzgados de Plaza de Castilla hoy por los incidentes acaecidos en la madrileña plaza de Colón, quedando 18 de ellos en libertad con cargos. Los detenidos están acusados de atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos y daños materiales, a excepción del caso anteriormente señalado. Los tres menores han pasado a Fiscalia de Menores.

La organización de las protestas del sábado está coordinando su defensa con un grupo de más de 20 abogados que les aconsejó no declarar en comisaría para ganar tiempo. Asimismo, decenas de personas se han dado cita desde primera hora de la mañana para exigir la libertad de todos los detenidos, portando banderas republicanas y pancartas contra el "abuso policial". Los dos primeros jóvenes que han abandonado las dependencias judiciales han denunciado un trato injusto por parte de las autoridades, asegurando que fueron privados de agua y obligados a "mirar hacia un lado". Otro de los integrantes de las marchas ha hablado incluso de trato "degradante" e "inhumano".

Los congregantes han cumplimentado además numerosas denuncias contra la actuación de la Policía y entre ellos se encontraban el actor Willy Toledo -"el Gobierno ha declarado la guerra al pueblo y éste se está levantando", ha indicado-. y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero. En la zona se desplegó un dispositivo policial integrado por antidisturbios de la Policía Nacional y por agentes de la Unidades Centrales de Seguridad (UCES) de la Policía Municipal.

Cañamero ha asegurado que la actuación de la Policía estaba "orquestada" porque previamente se acusó a los participantes en las Marchas de la Dignidad de "fascistas" y se los comparó con el partido ultra de Grecia 'Amanecer dorado' para "provocar una situación de enfrentamiento". En esa línea se ha mostrado también uno de los portavoces del movimiento, Ginés Fernández, en conversación con este diario. Fernández ha afirmado que, aunque no pueden estar "seguros al 100%", su convicción es que los disturbios los iniciaron los agentes que estaban "infiltrados en una calle adyacente" a la plaza de Colón. También ha criticado que la Policía interviniera en esa plaza "45 minutos antes de que terminara el permiso legal" concedido para la protesta y ha puntualizado que desde la organización condenan "todo tipo de violencia", si bien el comportamiento de las fuerzas del orden fue "abusivo".

Los detenidos han salido del juzgado a cuentagotas, según iban prestando declaración. La situación de cada uno es diferente, ya que no todos acumulan varios delitos ni son causantes de los mismos daños. Por ello, es pronto para aventurar qué horizonte les espera, más allá de considerar que la máxima condena posible sería de siete años de prisión y las multas podrían ser de varios miles de euros.Acusados de varios delitos

Los arrestados se enfrentan a penas que podrían acarrearles hasta siete años de prisión en el peor de los casos. El atestado policial les acusa de atentado contra agente de la autoridad, desórdenes públicos y daños materiales. De los tres, el más grave es el primero, que podría suponer el desdoblamiento en dos delitos, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. Por un lado iría el de desobediencia y por otro el de lesiones, cuyas consecuencias dependerían de cuán grave fue el daño causado en cada caso. Atentar contra un agente de la autoridad, en todo caso, supone según el código penal una pena de uno a tres años de prisión.

Además, los desórdenes públicos podrían acarrearles de seis meses a tres años de prisión, mientras que los daños materiales "deben ser reparados" con la correspondiente multa. Las fuentes consultadas indican que se aplica el modelo sueco de ponderar por un lado la gravedad del daño y por otro la situación económica del causante. Del primer criterio dependerá el número de meses de condena, partiendo de un mínimo de seis y llegando a un máximo de 24. La cantidad a pagar por cada día se aplicará en función de la situación económica del condenado, oscilando entre los 3-4 euros por jornada que pagaría un parado a los 8-10 que tendría que abonar una persona de elevados ingresos.

Suponiendo que todos son condenados a la pena máxima, 24 meses de multa a 10 euros por día, la cantidad recaudada llegaría a 172.800 euros. La mínima, por contra, consistiría en 3 euros al día durante seis meses, es decir, 540 euros por condenado para un total de 12.960 euros, contando con que ninguno resulta absuelto de ese delito. Aún no se tienen datos de la cuantificación de los daños, en la que trabajan las autoridades, pero en disturbios parecidos ocurridos hace dos años en Barcelona ascendieron a 240.000 euros. Ni de lejos se alcanzaría esa cifra con las multas, aunque todos los detenidos gozaran de amplios recursos económicos y fueran condenados a la máxima pena contemplada por la ley. Fuentes policiales recuerdan que suele pasar justo lo contrario: que el caso se salde con una multa mínima.

En abril del año pasado, tras los incidentes provocados en el asedio al Congreso, el Ayuntamiento de Madrid cifró el coste de los desperfectos, daños y labores de limpieza realizada en las inmediaciones de la Cámara Baja en un total de 19.757 euros. Entonces fueron quemados dos contenedores, uno de papel y otro de vidrio, y cuatro cubos de 240 litros. Además, resultaron destrozadas tres papeleras de la red viaria, una con capacidad de 50 litros y otras dos de 120 litros. Las zonas verdes en el Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles y Calle Alcalá sufrieron desperfectos que ascendieron a 6.000 euros en unas protestas que fueron sensiblemente menos graves que la del sábado, considerada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como la más violenta a la que se había enfrentado hasta ahora.

Los radicales que actuaron tras las Marchas por la Dignidad la emprendieron además contra marquesinas, hitos de balizamiento, coches de policía, bancos, pavimento, etc., lo cual hace prever que los costes materiales sean sensiblemente mayores, eso sin contar los destrozos ocasionados a entidades bancarias, cafeterías y otros establecimientos privados de la zona que también sufrieron la violencia de los manifestantes. A todo ello hay que añadir el coste de la limpieza de la zona, que en el caso del asedio al Congreso supuso el grueso del gasto, ya que hubo que retirar 3.370 kg de residuos.