El juez que asumió "caso Blesa" tras Silva declara en la querella contra éste

Madrid, 24 nov.- El juez de Madrid Juan Antonio Toro, que asumió el "caso Blesa" después de que el expresidente de Caja Madrid recusara al magistrado Elpidio José Silva, declarará el próximo martes como testigo en la querella que la Fiscalía impuso contra este último por encarcelar al exbanquero.

La declaración de Toro ha sido pedida por la defensa de Silva, que quiere que el juez explique al instructor de la querella -el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Jesús Gavilán- por qué confirmó algunas de las resoluciones dictadas por su representado que el fiscal consideró "injustificadas e inmotivadas".

Gavilán también ha citado para ese día, asimismo a petición del querellado, al secretario del Juzgado del que Silva es titular -el de Instrucción número 9 de Madrid- y a la del de Toro -el 36-, a los que la defensa del juez quiere preguntar sobre el "retardo malicioso" que el Ministerio Público atribuye a éste en la resolución de algunos aspectos de la causa.

Además, el jueves 28 comparecerán ante el magistrado del TSJM varios de los guardias civiles que intervinieron en la investigación del "caso Blesa" y los peritos de KPMG que redactaron un informe sobre la concesión por parte de Caja Madrid de un crédito de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

Los letrados de Silva quieren preguntarles si solicitaron correos electrónicos a la entidad para llevar a cabo su tarea -Gavilán ha excluido de la causa esas comunicaciones al considerar que afectan a la intimidad de Blesa- y si sufrieron "presiones y amenazas" por parte de antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid tras emitir su informe.

Estas declaraciones tendrán lugar después de la que el pasado jueves prestó el propio Silva, que justificó su decisión de enviar a prisión al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa -lo hizo en dos ocasiones, los pasados mes de mayo y de junio- en que el riesgo de fuga crecía a medida que se acumulaban indicios contra él y en sus "relaciones" con políticos influyentes.

La querella que la Fiscalía interpuso contra Silva el pasado 19 de julio le acusa de dos delitos contra la libertad individual, uno de prevaricación y otro de retraso malicioso en la Administración de Justicia que podrían suponer la inhabilitación del magistrado.

El fiscal sostiene que Silva incumplió sus "deberes legales" al encarcelar a Blesa, ya que lo hizo sin que existiera riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y a instancias del colectivo Manos Limpias, que no estaba personado como acusación en la causa abierta por la compra, por parte de Caja Madrid, del City National Bank de Florida, desgajada de la del crédito a Díaz Ferrán.

Silva cumple en la actualidad una sanción de cuatro meses de suspensión que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso en julio pasado por retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos, falta de motivación de sus resoluciones y desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado en causas no relacionadas con el "caso Blesa".