El juez que verá las comisiones en Mercasevilla amplía el hecho justiciable

Sevilla, 29 jul.- El magistrado que presidirá el primer juicio del caso Mercasevilla, relativo a la petición de una comisión de 450.000 euros, ha admitido ampliar los hechos justiciables a un nuevo dato pedido por la defensa, consistente en la firma de un protocolo entre varias entidades.

Este sumario, primero de los cuatro del caso Mercasevilla que llega a juicio, comenzará a enjuiciarse ante un jurado popular el 28 de septiembre y en él la Fiscalía pedirá una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para los cuatro acusados, entre ellos el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

El magistrado presidente del jurado, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acepta incorporar como "hecho justiciable" sometido al jurado la firma de un protocolo de colaboración, el 18 de diciembre de 2007, entre la Fundación Mercasevilla, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Grupo La Raza de hostelería y la Asociación de Comerciantes de Hostelería de Sevilla.

Dice el magistrado que debe recogerse este hecho planteado por la defensa del exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet dado que servirá para contrarrestar otro argumento introducido por la acusación particular que ejerce el PP, relativo a que la ayuda que inició el proceso fue concedida en "ausencia de procedimiento administrativo en régimen de concurrencia".

En este caso serán juzgados el exdelegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la funcionaria María Regla Pereira, entonces coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla.

Según la Fiscalía, que durante 2007 se preparó la apertura en la sede de Mercasevilla de una Escuela de Hostelería, para lo cual se celebraron con el grupo hostelero La Raza varias reuniones preparatorias en las que intervino Rivas como representante de la Junta.

El 1 de agosto de 2007, Mellet solicitó una ayuda al Servicio Andaluz de Empleo, que fue concedida por el procedimiento de subvención excepcional y ascendió a 900.000 euros.

A partir de ese momento, según el fiscal, los acusados comunicaron al Grupo La Raza la concesión de dicha subvención y el 16 de enero de 2009, Ponce, entonces director adjunto de Mercasevilla, se reunió con el directivo de dicha empresa Pedro Sánchez Cuerda y le pidió 300.000 euros como "colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía", junto a otros 150.000 euros por gastos derivados de la instalación eléctrica de la parcela donde se ubicaría el centro.

El 27 de enero de 2009, a petición de La Raza, se mantuvo una segunda reunión en la que Mellet y Ponce insistieron en pedir esa comisión y prometieron a cambio que el grupo empresarial "obtendría luego favores, tales como más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los 'cátering' que se organizaran".