El juicio por el atentado de Santa Pola se celebrará entre el 20 y 22 febrero

Madrid, 22 dic.- La Audiencia Nacional juzgará a los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) entre los próximos 20 y 22 de febrero, tres meses después de que suspendiera la vista porque uno de los acusados no pudo ser trasladado.

Fuentes jurídicas han informado hoy del nuevo señalamiento del juicio, que el pasado 15 de diciembre tuvo que suspender el presidente de la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal, Ángel Hurtado, que comunicó en audiencia pública que se había producido "una incidencia que ha impedido el traslado" de Zelarain desde la prisión de Alcalá-Meco.

Ante un retraso en el comienzo de la vista que podría haberse prolongado durante casi tres horas, el magistrado consideró que la "mejor solución" era suspenderla para "que se desarrolle por completo de principio a fin", a lo que la acusación particular ejercida por los padres de la niña de 6 años fallecida y otras víctimas reclamaron que se señalara "lo antes posible".

La Fiscalía reclama para cada uno de los etarras 1.180 años de cárcel al considerarlos autores de un delito de estragos terroristas, dos de asesinato terrorista y 55 de asesinato terrorista en grado de tentativa.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Miguel Ángel Carballo, sobre las 20:15 horas del 4 de agosto de 2002 Zelarain y Otegi, que formaban parte del comando "Argala" de ETA, "explosionaron un coche-bomba que habían estacionado junto a la valla del acuartelamiento (...) con intención de matar a cuantas personas se encontrasen en su interior".

El Ministerio Público destaca que "el vehículo fue instalado sin previo aviso al objeto de lograr el mayor número posible de víctimas y a una hora en la que presumían que los agentes residentes en las viviendas de la casa cuartel se encontrasen cenando y, por tanto, lograr así la mayor lesividad posible".

La explosión causó la muerte de la niña Silvia Martínez, de 6 años, hija de un miembro de la Guardia Civil que vivía en el cuartel, y del jubilado Cecilio Gallego, de 57 años, que se encontraba en una calle contigua al edificio esperando el autobús.

Además, otras 55 personas resultaron heridas de diversa consideración y hubo cuantiosos daños materiales, especialmente en el acuartelamiento, cuya reconstrucción costó más de seis millones de euros.