El magistrado manuel marchena, a favor de regular los aforamientos en la nueva ley de enjuiciamiento criminal

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena señaló este martes la necesidad de regular los privilegios que disfrutan diversos cargos políticos o públicos en la aplicación de la ley penal como una de las modificaciones de la reforma que plantea el Ministerio de Justicia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Marchena asistió a los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial para actuar como ponente en una conferencia titulada ‘Líneas maestras de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal’.
En ella, el juez defendió regular con el aforamiento y las exenciones al deber de declarar a determinados testigos por el hecho de pertenecer a un cargo público. Es decir, el privilegio del que disfrutan los cargos públicos para no ser juzgados por los mismos tribunales que cualquier ciudadano.
A su juicio, hay momentos en que el aforamiento se convierte en una distinción entre todas aquellas personas que gozan de él. Asimismo, añadió que esa situación crea malestar entre la gente. Además, apuntó que hay una serie de aforamientos de diversos cargos públicos que no están justificados.
Por otro lado, el jurista propuso otras modificaciones que se deberían introducir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En primer lugar, pidió regular la conocida como acción popular, es decir, el mecanismo de protección de los intereses colectivos como pueden ser los servicios públicos. Por eso, abogó por que esta acción popular debe existir, pero poniendo ciertos límites. Por ejemplo, Marchena comentó que la acción popular debería estar prohibida a partidos políticos y sindicatos.
En segundo lugar, planteó una regulación en temas como la inviolabilidad de las comunicaciones, es decir, con las nuevas formas de comunicación surgidas en los últimos años como son los chats, correos electrónicos, o mensajes de texto, entre otros. Para Marchena, la nueva ley debe decir algo, porque no existe una regulación específica para estos nuevos modos de comunicación.
Por último, demandó la creación de la figura del fiscal investigador, en lugar del juez instructor, y solicitó regular el derecho a la protección de datos.