El pp esgrime la 'doctrina botín' para recurrir el auto de apertura de juicio por el 'caso bárcenas'


El PP ha presentado recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto de apertura de juicio oral del pasado 28 de mayo por el caso conocido como 'papeles de Bárcenas' sobre la 'caja B' del partido del Gobierno, esgrimiendo la 'doctrina Botín' con el objetivo de evitar la imputación de la formación política liderada por Mariano Rajoy.
El Partido Popular figura en ese auto como responsable civil subsidiario de los posibles delitos fiscales que se deriven de la causa. Sus representantes legales argumentan en el recurso que el PP no debe continuar imputado porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusan a sus extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas por delito contra la Hacienda Pública.
El juez José de la Mata dictó el pasado 28 de mayo auto de apertura de juicio oral por este caso. En él imponía una fianza de 1,2 millones de euros al PP, una cantidad equivalente a lo que podría haberse defraudado a la Hacienda Pública. Sin embargo, la acusación contra el PP sólo está respaldada por la acusación particular y no por el Ministerio Público, argumento en el que se apoya el PP para pedir su exclusión de la causa.
El PP pide, por tanto, que se aplique la conocida como 'doctrina Botín', que establece que no se puede abrir juicio oral por delito fiscal cuando solo acusan las acusaciones populares y no media acusación de la Abogacía del Estado como perjudicada. Este es el criterio que aplicó el Tribunal Supremo al exculpar de delito fiscal al expresidente del Banco Santander Emilio Botín en 2008.
En su escrito de apelación los abogados del PP sostienen además que este caso debería ser investigado en la Audiencia Provincial de Madrid y no en la Audiencia Nacional, puesto los hechos no suponen una “grave repercusión en la economía nacional”, al igual que ha ocurrido con la investigación sobre el exvicepresidente Rodrigo Rato, que está siendo llevada en un juzgado ordinario.
La defensa del PP rechaza también como “inadmisible” la imposición de la fianza de 1,2 millones de euros con el argumento de que ni la Fiscalía ni la Abogacía incluyen la acusación de delito fiscal en sus escritos.
Entre 1990 y 2009, el PP recibió presuntamente más de ocho millones de euros en concepto de donaciones ilegales, según la documentación manuscrita de Bárcenas. Ese dinero sirvió supuestamente para abonar sobresueldos a dirigentes del PP, entre los que el extesorero citaba a Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal.
El extesorero, en su declaración ante el juez Pablo Ruz, explicó cómo hacía estos pagos a la cúpula del partido, extremo que fue negado por Cospedal, Acebes, Arenas y Cascos, que también negaron la existencia de una contabilidad paralela.

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