El PP propone al Gobierno que las Cortes Generales disuelvan ayuntamientos

Madrid.- El PP ha propuesto al Gobierno que sean los jueces o las Cortes Generales, y no el Consejo de Ministros, los que decidan la disolución de los ayuntamientos.

Así consta en el documento que el Partido Popular ha remitido al Ministerio de Política Territorial, y al que ha tenido acceso Efe, en el marco de la negociación de una nueva ley de Gobierno local, impulsado por el titular de este Departamento y vicepresidente tercero, Manuel Chaves.

Cambiar el procedimiento de disolución de los ayuntamientos es uno de los puntos fundamentales de la propuesta del PP, de cuatro folios y constituido por lo que el partido de Mariano Rajoy considera líneas maestras y genéricas de la reforma.

Según ha explicado el coordinador de Política Autonómica y Local de los populares, Juan Manuel Moreno, se trataría de que las Cortes Generales inicien el proceso de disolución de un consistorio y que luego un juez ratifique la decisión.

El PP, de acuerdo con la versión de Moreno, cree que así se puede evitar el carácter "arbitrario" que el Gobierno ha mostrado en la disolución de algunos ayuntamientos.

Fuentes populares consultadas luego por Efe han puesto el ejemplo de los ayuntamientos de Marbella y de Estepona, el primero disuelto por casos de corrupción, en tanto que el segundo, en "situación similar", permanece con la composición que surgió de las últimas elecciones.

El motivo que lleve a la disolución del consistorio sería una gestión "gravemente dañina para los intereses generales", y más en concreto, "la cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

Es decir, la misma redacción, en este caso, de la normativa actual.

Tal y como ha reconocido Moreno, este punto de la propuesta es aplicable a la posible disolución de los ayuntamientos que gobierne ANV o partidos afines a ETA.

Además, el PP estima esencial que en paralelo a la aprobación de la nueva ley de gobierno local tenga lugar la de otro sistema de financiación para los ayuntamientos y demás entes locales.

La primera norma ha de ir acompañada, asimismo, por una memoria económica.

El modelo de régimen local debe ser común en todo el territorio y ha de resultar preciso en la atribución de competencias a cada administración, pues que de este modo, si se aclaran qué servicios gestionan los entes locales, se avanzaría en su autonomía financiera.

Porque para el PP hay que consolidar la "segunda descentralización", lo que implicaría también reforzar el papel de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y permitir que los entes locales tengan representación en importantes órganos de decisión, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Según señalan los populares en su propuesta, el texto enviado por el Ministerio de Política Territorial es "insuficiente", de forma que sería conveniente, en opinión de este partido, que el Gobierno cuente con sus peticiones para favorecer el acuerdo.