El pp rechaza incluir “cláusulas sociales” en los contratos de las administraciones públicas

La mayoría del PP en el Congreso de los Diputados rechazó este martes la toma en consideración de una proposición de ley de CiU para incluir “cláusulas sociales” en los contratos de las administraciones públicas.
En su intervención en el debate en la Cámara Baja, el diputado del PP Francisco Vañó, afirmó que, aunque las medidas propuestas “son loables en cuanto a sus fines”, es necesario analizar la situación “en un contexto global”. En este sentido, aseguró que la proposición “va en contra de la igualdad de acceso” en la contratación pública.
Además, consideró que éste “no es el momento” para plantear esta medida, ya que “de forma inminente” se va a iniciar “la transposición de la normativa europea” en esta materia.
En la defensa de la proposición de ley, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, subrayó que el objetivo de esta proposición era el de promover la contratación pública responsable y facilitar el empleo de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.
La proposición argumentaba, en su exposición de motivos, que la contratación pública debería ser una herramienta más para conseguir los objetivos de los poderes públicos, porque “puede y debe contribuir” a avanzar en logros sociales y medioambientales.
“A pesar de la conveniencia y de la necesidad de generalizar los comportamientos empresariales socialmente responsables, todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta materia”, dice CiU, partidaria de no transferir fondos públicos a empresas “que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo”.
Campuzano hizo especial hincapié en el cumplimiento de la cuota del 2% en la reserva de empleo a personas con discapacidad.
En este sentido, la iniciativa defendía que se obligue a las empresas a acreditar el cumplimiento de esta cuota. Según el portavoz de CiU, éste puede parecer un “pequeño cambio” pero en la actualidad, aunque las empresas están obligadas a cumplir con esa cuota, no están obligadas a acreditarlo”.
También defendió la obligación de cumplir con este requisito para optar a un concurso público, ya que asegura que sería “un escándalo” que se permitieran estos contratos.
Por su parte, la diputada del PSOE Meritxell Batet sostuvo que ésta es una “medida innovadora” que “repercutirá en la competitividad de las empresas”. Asimismo, defendió que la Administración “debe estar al frente de los avances en relación con el empleo de discapacidad y la promoción de la responsabilidad social empresarial”.