El presidente del PP en la Palma está convencido de que sus compañeras no tienen responsabilidad

Santa Cruz de Tenerife.- El presidente del PP en La Palma, Asier Antona, se ha mostrado hoy convencido de que "no tendrán responsabilidad" sus compañeras de partido Inmaculada Costa y María de Haro, presuntamente implicadas en una trama de falsificación de diplomas y certificaciones desarticulada en Cádiz.

En los pasillos del Parlamento de Canarias, Antona ha pedido prudencia y respeto a la presunción de inocencia y, tras señalar que conoce a las dos imputadas, así como de su honestidad, profesionalidad y rigurosidad a la hora de ejercer los cargos públicos que han ocupado, ha expresado su convencimiento de que "no hay nada", aunque ha apuntado que será la justicia "la que hable".

En cuanto a si cree que su partido está excesivamente presionado por casos como este y la adjudicación provisional del servicio de hemodiálisis en dos hospitales canarios, Asier Antona ha opinado que se está creando "un clima" que no es bueno ni para la clase política e institucional ni para el principio de presunción de inocencia que, a su juicio, "se ha tirado por la borda".

El presidente del PP en La Palma confía de manera plena en los cargos públicos de su partido, en las personas que han ostentado cargos y en su rigurosidad, y ha insistido en que es preciso ser "cuidadosos y respetuosos", no sólo en las manifestaciones de los responsables públicos sino también en los medios de comunicación.

Según Antona, muchas veces se llenan periódicos sin contrastar la información, por lo que reclamó que se tenga cuidado.

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a diez personas que pertenecían a una red dedicada a expedir titulaciones académicas falsas y ha imputado a otras dos como presuntos autores de delito de falsedad documental y estafa.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los títulos eran expedidos por el Sindicato Independiente de Trabajadores con sede en la capital gaditana, aunque sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad.

Las investigaciones, que bajo el nombre de operación 'Catis' se han desarrollado en Cádiz, Canarias y Badajoz, comenzaron en el mes de noviembre del pasado año, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.

Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente 1.460.533 euros entre 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.

Los diez detenidos, los dos imputados, el dinero y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Cádiz.