El preso Pablo Gorostiaga podrá reunirse hoy con su familia

Vitoria, 5 sep.- Pablo Gorostiaga, preso por colaborar con ETA, podrá reunirse hoy con su familia después de que el pasado lunes falleciera su mujer sin poder despedirse de ella al no ser trasladado a tiempo a la cárcel de Zaballa (Álava) pese a que tenía permiso desde el 29 de agosto.

Un portavoz de la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, ha explicado a Efe que la prioridad de Gorostiaga, que se encuentra desde ayer por la tarde en la cárcel alavesa, es celebrar un encuentro con sus allegados en la intimidad.

La misma fuente ha informado de que el acto de despedida de la mujer de Gorostiaga se celebrará el próximo viernes 13 en una ermita situada en una zona montañosa, cuya localización exacta ha rehusado desvelar ante el deseo de privacidad de la familia, que en un primer momento barajó la posibilidad de abrirlo "a la gente del pueblo".

En todo caso, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, Herrira, ha convocado mañana por la tarde una movilización contra la dispersión en Llodio (Álava), localidad de origen de Gorostiaga y su esposa y donde él fue alcalde por Herri Batasuna.

Gorostiaga había conseguido el permiso del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para ser trasladado a Zaballa el 29 de agosto pero, según Etxerat, Instituciones Penitenciarias decidió que éste no fuera considerado de urgencia, lo que implica que se puede llevar a cabo durante varios días con paradas en otros centros penitenciarios por el camino.

Así, cuando su mujer falleció, Gorostiaga se encontraba camino del País Vasco en el centro penitenciario de Ocaña (Toledo). Finalmente ayer por la tarde, dos días después de que muriera su esposa, llegó a la cárcel alavesa.

Gorostiaga fue condenado en 2007 a 9 años de cárcel dentro del sumario 18/98, seguido contra varias organizaciones del entorno de la banda terrorista por colaborar con ETA.

Este verano ha sido noticia por su elección como pregonero de las fiestas de Llodio, un nombramiento que fue suspendido por el juez a instancias del delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, que entendía que su designación atentaba contra la dignidad de las víctimas del terrorismo.