El Principado reduce a 498 millones la cifra del ajuste para cumplir déficit

  • El documento base en el que trabaja el Gobierno asturiano para elaborar su nuevo Plan Económico Financiero (PEF), tras haber rechazado el documento elaborado por el anterior Ejecutivo, reduce a 498 millones el alcance del ajuste a realizar frente a los 616 millones fijados por el Ministerio de Hacienda.

Oviedo, 1 jun.- El documento base en el que trabaja el Gobierno asturiano para elaborar su nuevo Plan Económico Financiero (PEF), tras haber rechazado el documento elaborado por el anterior Ejecutivo, reduce a 498 millones el alcance del ajuste a realizar frente a los 616 millones fijados por el Ministerio de Hacienda.

El Consejo de Gobierno del Principado ha analizado hoy este borrador, que será remitido al ministerio al cumplirse el plazo legal para la elaboración del nuevo texto, y ha garantizado "el cumplimiento de sus obligaciones", según ha indicado el consejero de Presidencia y portavoz, Guillermo Martínez.

El ministerio de Hacienda había cifrado en 616 millones el ajuste a realizar en las cuentas públicas de Asturias tras analizar y rechazar el anterior PEF elaborado por el anterior Gobierno regional que presidía Francisco Álvarez-Cascos.

Según Martínez, la cifra de 498 millones se obtiene de la resta entre el déficit máximo autorizado para este año -345 millones- y la cuantía del déficit en que incurrió la administración autonómica en el ejercicio de 2011, que se elevó a 843 millones y, ha subrayado, el Gobierno asturiano considera que es "la correcta".

A partir de este documento, que se irá concretando mediante el intercambio de información con Hacienda "que ha mostrado buena disposición" para que pueda ser aprobado en el CPFF de mediados de junio, el Gobierno asturiano definirá donde se producirá el ajuste que incluirá, según ha avanzado, medidas fiscales para aumentar los ingresos y una reducción de gastos.

El portavoz del Ejecutivo no ha concretado el alcance de las medidas fiscales a adoptar al contar con un "amplio" marco de posibilidades en este ámbito que permitirán definir iniciativas "concretas y estructurales" para reducir el gasto del Principado.

Así, ha incidido en que el Ejecutivo contempla "múltiples opciones" para incrementar los ingresos de la comunidad autónoma dado que dispone de varias figuras fiscales a las que recurrir aunque será necesario estudiar "el impacto de cada una de ellas".

Según Martínez, algunas de las iniciativas de contención del déficit ya están en marcha como consecuencia de la aplicación de la prórroga presupuestaria vigente y otras se derivarán de la nueva estructura del Ejecutivo "que genere ahorro" y que irá definiendo en las próximas semanas el Gobierno que preside Javier Fernández.

El Gobierno asturiano, que ha elaborado el borrador asumiendo además una estimación de endeudamiento para este año de algo más de 420 millones de euros, continuará trabajando en los próximos días con el Ministerio para la aprobación de un documento que pueda ser ratificado por el CPFF en su próxima reunión después de que en la anterior el asturiano fuese el único plan de ajuste rechazado.

Además, ha enmarcado "dentro de la coyuntura económica general" la decisión adoptada ayer por la agencia de medición de riesgo Fitch de rebajar dos escalones (de A a BBB+) la calificación de la deuda asturiana y ha incidido en que las medidas de ajuste en que trabaja el Gobierno tienen como objetivo corregir "un déficit estructural que tiene mucho que ver con la calificación de las agencias".

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, había planteado al Ministerio planteara la necesidad de ampliar ligeramente el plazo de quince días exigido por Hacienda, que hoy concluye, para disponer de más tiempo y elaborar un documento solvente que no fuera "una chapuza".

Fernández, aun admitiendo su desacuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, garantizó que su incumplimiento "no será una opción" para su gobierno y aseguró que, al efectuar recortes de gasto, la educación y la sanidad se situarían "en la retaguardia" para minorar su efecto sobre ambos servicios públicos.

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