El psoe aprueba la ponencia para la conferencia política de noviembre

El Comité Federal del PSOE convocó este sábado la Conferencia Política para los días 8, 9 y 10 de noviembre, y aprobó la ponencia que servirá de base para el debate y que ha sido redactada después de meses de "diálogos" sobre cada uno de los ejes en los que se estructura su contenido.
El documento que contiene todas las propuestas del PSOE es el resultado de meses de diálogo con expertos, militantes y asociaciones en lo que, aseguran, ha sido el mayor proceso participativo emprendido nunca por un partido para renovar su proyecto.
Una vez aprobado por el Comité Federal, comienza la fase "clásica" de este tipo de documentos, un debate sobre el texto que culminará en la Conferencia Política, donde los más de mil participantes con derecho a voto tendrán la última palabra. De ellos, una cuarta parte no serán militantes del PSOE, sino invitados como expertos o representantes de diversos colectivos.
En ese documento, los socialistas proponen tres grandes acuerdos para resolver las tres crisis que atraviesa España: un acuerdo político y social por la creación de empleo; un pacto por la regeneración democrática; y la reforma del Título VIII de la Constitución.
Entre las propuestas, que se dividen en varios bloques, está la defensa en Europa del retraso hasta cinco años del objetivo del 3% del PIB para el déficit público, o la rebaja del número de ciudadanos necesario, ahora 500.000, para impulsar una iniciativa legislativa popular, lo que requiere reforma constitucional.
Quieren también que los decretos del Gobierno se tramiten como proyectos de ley siempre que lo soliciten dos grupos parlamentarios o una tercera parte de los diputados, e incluir en la legislación electoral la elección de los candidatos a presidente del Gobierno por primarias, para todos los partidos.
También proponen reformas para “erradicar” la financiación opaca de las organizaciones políticas, prohibiendo las donaciones privadas de empresas y
entidades mercantiles, y las de particulares vinculados a empresas que mantengan contratos con las administraciones públicas.
En ese mismo sentido, plantean la creación de un tipo penal específico de financiación ilegal de partidos, revisar al alza las penas privativas de derechos, las multas y los plazos de prescripción, y revisar la institución del indulto para aplicarlo en casos “muy excepcionales”.
La parte de organización interna se concretará pasada la Conferencia Política, pero la ponencia marco avanza la intención de “ampliar la base social” del partido, redefiniendo la figura del militante tradicional, creando la del afiliado “directo” que tiene una participación más limitada o no ligada a una agrupación territorial, y acotando la del simpatizante.
Los socialistas proponen un pacto de rentas, un plan de “rescate” de jóvenes, disponer de la línea de crédito abierta por el MEDE para reestructurar deuda de familias y financiar a las empresas, e integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial a partir de un mínimo exento, independientemente de dónde esté invertida esa riqueza. De esa forma, dicen, “pagarán más las grandes fortunas, y su capacidad económica quedará reflejada en el IRPF a la hora de recibir ayudas”.
Defienden incluir la sanidad entre los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, recuperar la universalidad de la prestación, apostar por la Ley de Dependencia, preservar la educación pública y laica, desarrollar la Ley de Igualdad, y garantizar las listas “cremallera” en las candidaturas, aunque luego los ciudadanos puedan mostrar sus preferencias en tramos de la lista desbloqueados.
Quieren también “desarrollar plenamente la ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el fin de alcanzar su plena inclusión respetando su dignidad y garantizando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Elaborar, también, un plan integral de atención a las personas con discapacidad”.
Proponen, asimismo, un “gran pacto nacional sobre la conciliación” entre Gobierno, sindicatos y empresarios, para lograr la racionalización de horarios laborales, la promoción de modelos de organización del trabajo favorables, la corresponsabilidad y la prestación de los servicios públicos de apoyo necesarios.