El PSOE presenta 45 enmiendas a la reforma local, todas ellas de supresión

Madrid, 24 oct.- El PSOE ha presentado un total de 45 enmiendas a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y en todas ellas solicita la supresión del articulado al considerar que se vulnera la autonomía local y tiene la finalidad de privatizar la gestión de los servicios sociales.

También el resto de grupos parlamentarios han enmendado el proyecto de reforma local del Gobierno al considerar que tras la ley existe la intención de privatizar y recortar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos.

El PSOE expone que las hasta ahora competencias propias se convierten en "delegables" y su ejercicio es "controlado" y "supervisado" por otro nivel de gobierno, de manera que los municipios pierden la facultad de gestionar y ordenar una parte de asuntos públicos de claro interés local.

En las enmiendas presentadas, el PSOE también alega una erosión del principio democrático al reforzar el papel de las diputaciones en detrimento de los municipios.

La Izquierda Plural ha presentado un total de 62 enmiendas en las que se expone que los términos "racionalización" y "sostenibilidad", tal y como se describen en la exposición de motivos del proyecto de ley, esconden un eufemismo de privatización y recorte de servicios públicos municipales.

Este grupo considera que la administración local se merece una ley que la entienda como nivel de gobierno y respete plenamente el principio, constitucionalmente garantizado, de la autonomía local.

La Izquierda Plural cuestiona la incentivación discriminatoria a favor de los municipios que se fusionen, la aprobación de los convenios de fusión por mayoría simple de los plenos municipales y que las diputaciones sean quienes coordinen y supervisen la integración de los servicios resultantes del proceso.

Desde UPyD también se ha presentado un buen número de enmiendas al texto de la reforma local, al considerar que se pretende reducir la autonomía política de la que gozan los ayuntamientos.

UPyD solicita que la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas y consideran que la creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 10.000 habitantes.

Por su parte, el PNV ha presentado 26 enmiendas, que serían 28 si se tiene en cuenta las dos pactadas con el PP, en las que destaca que la coordinación y decisión sobre la forma de prestar los servicios públicos es una labor ligada desde siempre a las potestades de las diputaciones forales.

CiU solicita que las entidades locales sólo puedan ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública.

Asimismo. solicita recuperar el redactado de la ley vigente en relación a la definición de condición de entidad local, a los efectos de seguir reconociendo como entidades locales a aquellas que tienen un ámbito territorial inferior al del municipio.

También el BNG se refiere en sus enmiendas al papel de las diputaciones y considera que la imposición por imperativo legal de la coordinación por éstas instituciones de determinados servicios de titularidad municipal atenta contra la autonomía local.

ERC solicita en sus enmiendas que se garantice la eficacia de la autonomía local, de manera que se atribuyan las competencias a la administración más cercana a la ciudadanía salvo que por su naturaleza se justifique que sean prestadas por un ente más alejado.

Además, ERC considera que lejos de reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones, el Estado se sitúa en una posición de tutela, pretendiendo limitar la actividad de los entes locales.