El PSOE quiere que el TC resuelva en seis meses los recursos contra estatutos

Granada, 6 jul.- El PSOE es partidario de recuperar con carácter singular y excepcional el recurso previo ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar situaciones como la producida con el Estatut de Cataluña y quiere también que el Alto Tribunal esté obligado a resolver un hipotético recurso en seis meses.

El documento que contiene su propuesta de reforma federal de la Constitución, aprobado por el Consejo Territorial del PSOE reunido en Granada, hace alusión a las crecientes tensiones nacionalistas en Cataluña, que atribuye en cierta medida a la "decepción" por el desenlace del Estatut, una parte del cual fue tumbada por el TC cuatro años después de ser aprobado en referéndum por los catalanes.

Precisamente en ese marco se plantea la recuperación "singular y excepcional" del recurso previo y se dice que podría ser "una buena solución", aunque con una regulación específica que contemplara una limitación de plazos para su resolución.

Una vez aprobado el Estatuto por las Cortes Generales, se abriría un período de tres meses para su impugnación ante el TC y, si ésta se formaliza, el Constitucional deberá resolver el recurso en el plazo máximo de seis meses.

Sólo se someterá a referéndum el texto una vez producida la sentencia y corregido, si es el caso, agrega la propuesta del PSOE.

Hace tres años, los socialistas votaron en contra de una propuesta del PP para que se recuperara esta figura jurídica suprimida en 1985.

Además, los socialistas creen que, con carácter general, sería conveniente que los diferentes procesos en todos los órdenes jurisdiccionales culminaran en los tribunales superiores de Justicia (TSJ) de cada comunidad y no en el Tribunal Supremo (TS) y también apuestan por una "cierta territorialización" del Poder Judicial.

No obstante, aconsejan "prudencia" en el campo de la Justicia teniendo en cuenta que Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Extremadura no han asumido las competencias de los medios materiales y económicos de la Administración de Justicia.

Tal y como habían reclamado varias federaciones, el PSOE admite la conveniencia de una "cierta territorialización" del sistema de gobierno del Poder Judicial, respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado.

Se trata de ir "en el sentido apuntado por la dilatada experiencia de las salas de gobierno de los TSJ", partiendo de la premisa de que ellas serían "el mejor foro en el que desconcentrar determinadas deliberaciones y decisiones que no afectan al núcleo fundamental de las funciones" del Consejo General del Poder Judicial.