El psoe quiere saber lo que adeuda cada equipo de fútbol a hacienda y a la seguridad social

El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno que le detalle el importe de la deuda de cada uno de los equipos de fútbol de Primera y Segunda División con Hacienda y con la Seguridad Social.
Los socialistas dan así un paso más para conocer el estado de las cuentas del fútbol profesional con el erario público. Previamente habían solicitado la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, en la Comisión de Educación y Deportes de la Cámara Baja para que explique el protocolo firmado con la Liga de Fútbol Profesional.
Ese protocolo contiene las bases de un acuerdo mediante el cual se establecen las condiciones para que los clubes satisfagan las deudas millonarias que tienen contraídas con Hacienda y la Seguridad Social.
Los clubes de fútbol españoles mantienen una deuda con la Agencia Tributaria de 752 millones y otra con la Seguridad Social que asciende a 10,6 millones, a fecha 1 de enero de 2012, según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria.
El Congreso de los Diputados aprobó semanas atrás una proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar "las actuaciones necesarias para que los clubes y sociedades deportivas salden su deuda" con la Administración, a quien también pide "dialogar con las ligas a fin de imponer un control financiero en aras de una mejor gestión" económica.
Grupos como el BNG, que impulsó la iniciativa anteriormente citada, exigen establecer límites en los fichajes y retribuciones de los futbolistas y vincular estos pagos al mantenimiento de un equilibrio presupuestario y al cumplimiento de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social por parte de los clubes.
Además, el PSOE presentó una proposición no de ley para regular legalmente el deporte profesional y poder ejercer un control económico que evite situaciones similares a la actual.
El protocolo suscrito entre la Liga y Hacienda contempla la posibilidad de sancionar con pérdida de puntos en la competición a aquellos equipos que incumplan los aplazamientos concedidos.
Ha habido voces críticas contra este acuerdo, como la de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que aunque lo consideran un "buen punto de partida", advierten que conlleva un "trato condescendiente" que crea una doble vara de medir respecto a los deudores tributarios convencionales, a quienes se exigen activos reales y viabilidad económica futura para obtener aplazamientos.