El PSOE se opone a que un jurado juzgue la comisión ilegal en Mercasevilla

Sevilla, 1 dic.- El PSOE, personado como acusación en la causa por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, cree que los cuatro acusados no eran funcionarios públicos, y por lo tanto no se trata de un delito de cohecho y no debe ser juzgado por un jurado popular, como está previsto.

En un escrito dirigido al magistrado presidente del jurado, al que ha tenido acceso Efe, el abogado del PSOE dice que "le resulta objetivamente indiferente" que el juicio sea visto por un jurado o un tribunal profesional, pero la "copiosa jurisprudencia existente" es contraria a la calificación de los acusados como funcionarios públicos.

"Es incuestionable que no son designados directamente por autoridad competente, ni por funcionario público habilitado al efecto", dice el letrado del PSOE, Ángel Prados, por lo que se adhiere a las cuestiones previas presentadas por los exdirectivos de Mercasevilla imputados Fernando Mellet y Daniel Ponce.

Estos dos imputados, junto a la funcionaria M.R.P.B. y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas van a ser juzgados por un jurado popular por presuntamente pedir comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza de hostelería como condición para gestionar la Escuela de Hostelería que se iba a abrir en el mercado central.

Mellet fue designado director por el Consejo de la entidad y el alcalde de Sevilla "carecía de mayoría suficiente para efectuar una designación directa" y con menos razón pueden ser asimilados a funcionarios públicos los restantes procesados, sostiene Prados.

El PSOE, por otra parte, "se abstiene expresamente de formular alegaciones respecto de la presunta nulidad" de la grabación del cohecho porque en la causa "existe suficiente material probatorio", entre otros la reunión previa, el 16 de enero de 2009, entre Ponce, el empresario Pedro Sánchez Cuerda y la acusada M.R.P.B. en la que ya se había solicitado la referida comisión.

Según los hechos imputados por la juez de instrucción 6, Mellet y Ponce se reunieron en enero de 2009 con dos representantes del Grupo La Raza y les exigieron esa cantidad "como una especie de impuesto" que debían pagar a la Junta de Andalucía como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería en el mercado central.

Los empresarios recibieron la oferta en un primer encuentro con Daniel Ponce, quien les dijo que "los que dan, piden", en referencia a los 900.000 euros que ya habían obtenido de la Junta como subvención para la citada escuela.

Ante su sorpresa por la petición, los empresarios concertaron un segundo encuentro, que grabaron, en el que Mellet añadió a su oferta que "si colaboraban con la Junta, se les subvencionarían todos los cursos de formación futuros".

Este es el primero de los cuatro sumarios del caso Mercasevilla que llega a juicio y en él la Fiscalía ha pedido 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para cada uno de los cuatro acusados.