El PSPV pide 11 años de cárcel para el vicealcalde de Valencia por Nóos

Valencia, 9 dic.- El grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia, personado como acusación popular en el caso Nóos, pide 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), imputado en esta causa.

El portavoz municipal del PSPV en Valencia, Joan Calabuig, ha comparecido hoy en rueda de prensa para informar sobre el escrito de acusación de su formación, en el que piden 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para Grau por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

A estas penas para el vicealcalde de Valencia, los socialistas suman la petición de otros tres años de cárcel y diez más de inhabilitación para cargo público por un presunto delito de fraude contra la administración.

Los socialistas también piden para Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, responsables del Instituto Nóos, 11 años de prisión para cada uno y reclaman una responsabilidad solidaria para ambos y Grau de 1,5 millones de euros, por el dinero con el que se contrató la celebración de las jornadas Valencia Summit.

Hoy termina el plazo para que las partes acusadoras entreguen los escritos con sus imputados, delitos y penas que les piden y después el juez, José Castro, debe dictar un auto de apertura de juicio oral en el que determinará quiénes se sentarán en el banquillo por esta causa centrada en el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

La abogada del grupo municipal socialista en esta causa, Sandra Gómez, ha explicado que el delito de prevaricación se concreta en que en lugar de hacer un contrato de prestación de servicio se hizo un convenio de colaboración para "eludir los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad y precio cierto y justo".

Con eso "se obvian" informes económicos sobre si el precio era adecuado y sobre si era de interés público, y se evita el concurso para realizar el servicio.

Gómez ha considerado que la malversación "es evidente" porque "todo el dinero que se dio al Instituto Nóos por parte de Cacsa -Ciudad de las Artes y las Ciencias- y la Fundación Valencia Turismo provenía de las arcas públicas valencianas, autonómicas o locales".

"No es solo que se diera sin hacer un control sino que además, y lo más grave, no se fiscalizó ni controló su gasto; se dio a fondo perdido, lo que en ningún caso permite la Ley General Presupuestaria ni la Ley de Contratos del Sector Público", ha agregado.

También ha argumentado el delito de tráfico de influencias en que Urdangarin influyó en las administraciones públicas "aprovechando su condición de yerno" del rey, mientras que Grau, como vicealcalde, "influyó en la voluntad de los patronos para que aprobaran un evento sin apenas dar explicaciones".

Además, ha asegurado que hay delito de fraude a la administración porque "existe una concertación entre los socios del Instituto Nóos, Rita Barberá (la alcaldesa de Valencia) y Francisco Camps (el entonces president de la Generalitat) para que se les dé un contrato eludiendo un proceso administrativo", y ha incidido en que el acuerdo es verbal, algo que prohíbe la Ley de Contratos del Sector Público.

En su opinión, "no fue casualidad" que eligieran la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y la Fundación Valencia Turismo, ya que "pese a ser públicas, no tenían ningún tipo de fiscalización" y "podían llevar una actividad más opaca y dar a los socios de Nóos todo lo que solicitaran sin que nadie lo controlara".

El portavoz socialista ha dicho "echar en falta" en el proceso la imputación de personas "de más elevado nivel y responsabilidad política" como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresident de la Generalitat Francisco Camps.

Joan Calabuig ve "lógico" que tal y como está el proceso Grau dimita y ha añadido que por casos como Nóos, Emarsa o Feria Valencia, "unidos a la situación social y económica de la ciudad", Rita Barberá "no debería ni concluir su mandato".