El secuestro vuelve a acaparar la atención en Colombia pese al proceso de paz

Ana Gómez

Bogotá, 13 feb.- El secuestro volvió a acaparar la máxima atención en Colombia con la próxima entrega por las FARC de tres uniformados y la supuesta liberación, que ya ha descartado el Ejército colombiano, de cinco personas por parte del ELN, en medio de un proceso de paz que avanza en La Habana.

Esos avances de los que se informa en Cuba tanto por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del Gobierno colombiano son un contraste más de la realidad que vive el país suramericano, donde en la última década el secuestro ha sido una constante del conflicto armado interno.

"Hay que negociar rápidamente", comentó hoy a los medios el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, un convencido de que es posible el fin del conflicto e impulsor de las Mesas Regionales de Paz celebradas en los últimos meses para recoger propuestas de los ciudadanos y las organizaciones sociales que puedan incorporarse al proceso.

Las palabras de Barreras se producen en un momento delicado, ya que hoy mismo se están definiendo los términos en los que las FARC entregarán a partir de mañana a los policías Cristian Camilo Yate y Víctor Alfonso González, y al soldado Josué Meneses.

Los dos primeros uniformados fueron secuestrados el 26 enero en el Departamento del Cauca, y el integrante del Ejército fue hecho cautivo el 31 de ese mes en el vecino departamento de Nariño, en ambos casos en el convulso suroeste de Colombia y días después de que las FARC pusieran fin a un alto el fuego unilateral.

También coinciden con el anuncio de la segunda guerrilla de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la que ha pedido en diversas ocasiones ser incorporada al proceso de paz, de la puesta en libertad de dos peruanos y tres colombianos secuestrados el 18 de enero.

A la tensión por lograr que las liberaciones de los tres uniformados se sumó hoy a la incertidumbre sobre el paradero de los trabajadores de la minera Geo Explorer, supuestamente liberados por el ELN.

Sin embargo, el Ejército de Colombia calificó hoy como "una nueva mentira" que el ELN haya dejado en libertad a los cinco trabajadores.

"Estamos de cara a una nueva mentira del terrorismo. La verdad (es que los rehenes) siguen siendo víctimas de los terroristas, los mantienen aún cautivos", sostuvo el comandante de la Segunda División del Ejército colombiano, el brigadier general Juan Pablo Amaya.

"En mi opinión, la opinión que me he formado estando allá sentado en esa mesa es que realmente hay una oportunidad verdadera para poner fin al conflicto armado en Colombia a través del diálogo", afirmó el martes Humberto de la Calle, el jefe negociador del Gobierno con la guerrilla de las FARC.

Esta voluntad de llegar a acuerdos lo más pronto posible se ha visto empañada por los secuestros, los ataques armados y la incertidumbre por además una escalada de acciones del ELN.

Pero entre todos los delitos y acciones consecuencia del conflicto sin duda el secuestro es el que siempre ha colocado a Colombia ante la mirada de todo el mundo.

Desde su nacimiento en la década de los años sesenta del siglo pasado, las guerrillas identificaron el secuestro como un mecanismo de financiación que les permitía mantener su lucha armada, y lo ejercieron masivamente en sangrientas tomas de pueblos, en episodios aislados y en combates, con fines tanto económicos como políticos.

El peor año para Colombia fue 2000, cuando según el periodista Herbin Hoyos, quien dirige un programa sobre el secuestro en Caracol Radio, un total de 3.700 personas perdieron la libertad.

Las cifras de Hoyos también sostienen que desde la década de los ochenta hasta hoy han sido secuestradas unas 21.000 personas, la mayoría de ellas civiles, con grandes focos de atención internacional como el cautiverio de la excandidata presidencial franco-colombiana Íngrid Betancourt, entre 2002 y 2008.

Las liberaciones y cinematográficos rescates militares también depositaron todas las miradas en Colombia desde 2007, cuando comenzó a funcionar el mecanismo que por el que las FARC han entregado a decenas de uniformados y políticos a comisiones formadas por el grupo de Córdoba y el CICR.