El Senado tunecino refrenda la concesión de amplios poderes al presidente

Túnez.- La Cámara de Consejeros (Senado) tunecina refrendó hoy el proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional (Congreso), que concede al presidente interino del país, Fuad Mebaza, la facultad de gobernar por decreto, sin la necesaria aprobación parlamentaria, informaron a EFE varios senadores.

Los ochenta y seis representantes presentes en la Cámara votaron de forma unánime a favor del proyecto de ley, que permitirá al presidente decretar medidas fundamentales sin autorización del Parlamento, constituido en el antiguo régimen.

La Cámara de Consejeros está integrada por 126 senadores que quedaron en 112, tras la negativa de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) a ocupar los 14 puestos que le correspondían tras las últimas elecciones legislativas del 2009.

Según explicaron varios senadores consultados por EFE, la Cámara ha querido respetar con su voto unánime la opinión del Gobierno y de la Asamblea Nacional, que el pasado lunes aprobó el proyecto de ley por una gran mayoría de diputados.

El primer ministro tunecino, Mohamed Ganuchi, defendió entonces la concesión de facultades extraordinarias al presidente "por el momento de crisis que vive el país" y destacó que se trataba de "la mejor opción para no perder tiempo con el fin de acometer las urgentes reformas necesarias".

"Túnez se enfrenta a peligros y a personas que quieren llevar al país marcha atrás, pero debemos honrar a los mártires que han luchado por la libertad", afirmó Ganuchi.

El último presidente del actual Senado fue Abdellah Kallel, ministro de Interior del régimen anterior a principios de la década de los noventa.

Kallel fue obligado a dimitir de su puesto pocos días después de la huida del país el 14 de enero del presidente depuesto Ben Alí y se encuentra desde entonces en arresto domiciliario.

El proyecto de ley refrendado hoy atribuye plenos poderes al presidente y le permitirá aprobar decretos sobre cuestiones claves como la amnistía general, los derechos humanos, la legalización de partidos o el blanqueo de dinero.