El SISEJ rechaza que desaparezca la justicia universal del derecho español

Madrid, 30 ene.- El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha rechazado la desaparición de la justicia universal del derecho español que a su juicio supondría la aprobación de la proposición del PP que pretende modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En un comunicado el SISEJ explica que dicho precepto prevé que los tribunales españoles son competentes para conocer de delitos de genocidio y lesa humanidad, terrorismo, prostitución y corrupción de menores o incapaces aun cuando se hubieran cometido fuera de España con independencia de si el agresor o la víctima son o no españoles.

Añade que "de ahí el término de justicia universal porque con ella se persigue por encima de cualquier otra consideración evitar que queden impunes crímenes que se entienden cometidos no solo contra sus víctimas directas sino contra la humanidad entera".

Recuerda que el grupo popular presentó el pasado día 17 en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que "persigue limitar la persecución de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado a los supuestos en que el procedimiento se dirija contra un español o contra un extranjero que resida en España habitualmente".

Agrega que fuera de estos casos no se perseguirían tales actos aun cuando hubiera víctimas españolas y que también se prevé que los tribunales españoles actúen cuando el responsable de tales hechos sea un extranjero que ocasionalmente se encuentre en España pero siempre que se hubiera denegado la extradición por las autoridades españolas.

A modo de ejemplo de las consecuencias de que prospere la iniciativa popular el SISEJ advierte de que "el asesinato de José Couso", el cámara fallecido en la guerra de Irak, "no podría ser perseguido por los tribunales españoles".

Al respecto abunda en que "incluso los autores materiales o intelectuales del crimen podrían veranear todos los años en las playas españolas sin posibilidad alguna de que fueran imputados a menos que otro Estado sí persiga aquel delito, solicite a las autoridades españolas la extradición y ésta sea denegada".

"El resto de los delitos que hasta ahora integran la llamada justicia universal también van a sufrir importantes cambios a partir de la reforma prevista por el PP y si la misma prospera únicamente podrán ser perseguidos si se ven afectados españoles o sus intereses en el extranjero", insiste.

Por todo ello, el SISEJ considera que "con esta reforma desaparece de nuestro derecho la justicia universal, entendida como salvaguarda de la humanidad frente a los crímenes más atroces".

Comenta que su aplicación ha planteado más de un problema diplomático al Estado español y que "cuando le han exigido actuar frente a los atroces crímenes de la dictadura franquista la respuesta ha sido bastante más incoherente y de una indolencia inaceptable".

"Quizás sea por este motivo que el PP pretenda resolver con esta reforma la inoperancia de nuestros poderes públicos, barriendo de un plumazo toda una doctrina amparada en la protección universal de derechos humanos básicos", estima.

Concluye que "argumentar que la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales debe venir legitimada y autorizada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice -como dice la iniciativa popular- sirve para dejar en manos de otro el castigo de estos delitos", cuando "la justicia universal no se pacta".