El supremo rechaza la querella contra los magistrados del tc que avalaron a bildu

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido rechazar la querella interpuesta contra los seis magistrados del Constitucional, incluido su presidente, Pascual Sala, que permitieron con sus votos que la coalición Bildu estuviese presente en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo.
La querella fue presentada de forma conjunta el pasado 16 de mayo por Manos Limpias, Libertad e Identidad, Hazteoir, Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, Fundación Denaes y Voces contra el Terrorismo. El Supremo ha decidido imponerles el pago de las costas procesales ante “la patente voracidad litigiosa de las asociaciones querellantes”, según consta en la sentencia hecha pública hoy.
Estaba dirigida contra el presidente del Constitucional, Pascual Sala, y los magistrados Luis Ignacio Ortega, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps y Adela Asúa, a los que acusaba de haber cometido un delito de prevaricación judicial.
Estos seis magistrados fueron los que votaron el pasado 5 de mayo a favor de revocar el veto impuesto a Bildu por el Tribunal Supremo y permitir que la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y miembros de la izquierda abertzale participe en las elecciones del 22 de mayo.
Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, presididos por Joaquín Giménez, señalan que “ni se está en presencia de una decisión injusta, ni ha existido abuso de jurisdicción, ni invasión competencial, ni ha existido apartamiento de lo que ha sido la doctrina usual del Tribunal Constitucional”.
RESOLUCIÓN DEL TC
La resolución fue dictada con el voto a favor de estos seis magistrados y el voto en contra de otros cinco, que emitieron votos particulares discrepantes.
La sentencia del TC subrayaba la “insuficiente entidad probatoria de los indicios aportados por el Tribunal Supremo para poder justificar en este caso el sacrificio de los derechos fundamentales de participación política”.
El Constitucional valoró que “la coalición está formada por dos partidos” que “con reiteración han condenado y condenan la violencia de ETA”. “Si dos organizaciones políticas contrarias al terrorismo abren sus candidaturas a independientes, carece de sentido presumir que lo han hecho con abandono de aquella posición o por haber sido víctimas de un engaño”, indicaba la resolución.