El Supremo revisa la condena al alcalde de Alhaurín El Grande, Juan M. Serón

Madrid/Málaga, 2 jun.- El Tribunal Supremo revisará el próximo martes la condena a un año de suspensión y 200.000? de multa que la Audiencia de Málaga impuso al alcalde del pueblo de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón, por un delito de cohecho relacionado con irregularidades urbanísticas en el marco del llamado Caso Troya.

El alcalde, que recurrió aquella condena ante el alto tribunal, no ha dimitido de su cargo (cuando conoció su condena en enero de 2012 dijo que apelaría y que entre tanto no abandonaría el puesto porque sería de "cobardes"), de modo que si el Supremo confirmara la pena se vería obligado a hacerlo.

La condena a un año de suspensión de cualquier ejercicio público y la multa se le impusieron a Serón, y también al concejal de urbanismo, Gregorio Guerra, porque ambos exigieron "con insistencia", al menos desde mayo del 2006, al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio, decía la sentencia recurrida.

La vista pública que celebrará la Sala de lo Penal del alto tribunal se desarrollará bajo la presidencia del magistrado Antonio del Moral y después de ella, el Supremo dictará sentencia a favor o en contra del recurso de la defensa, que pide la absolución.

El fiscal, que solicitó una condena de un año de prisión y tres años y nueve meses de suspensión de cargo público para Serón, a quien acusó de 13 delitos de cohecho, no recurrió el fallo de la Audiencia, a pesar de que ese tribunal solo aceptó un delito de cohecho, de modo que no cabe que el Supremo incremente la condena ya impuesta.

En la sentencia de la Audiencia de Málaga el tribunal consideró que no había quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, pero si consideró probado un delito de cohecho.

La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.

La Sala no consideró acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor reconoció en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.

En cuanto al delito de cohecho acreditado, la sentencia señaló que el concejal de Urbanismo, de común acuerdo con el alcalde, venía "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo del 2006 al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.

Tales hechos se consideraron probados "en base a prueba, tanto directa como indirecta", la primera de ellas por la declaración como testigo del empresario al que le exigían el pago.

El juicio se inició contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio pero, posteriormente, el fiscal retiró la acusación contra dieciocho acusados, y decidió mantenerla contra el alcalde y el edil de Urbanismo.