El supremo traslada el “caso campeón” a la fiscalía para que informe sobre su admisión a trámite

El Tribunal Supremo ha dado traslado a la Fiscalía del “caso Campeón”, en el que José Blanco ha sido acusado de recibir comisiones irregulares, para que informe sobre la competencia del Alto Tribunal para instruir la causa y sobre la necesidad de abrir una investigación contra el ministro de Fomento.
Fuentes del Supremo informaron de que la Sala de Admisión ha dado trasladado esta mañana a la Fiscalía del Alto Tribunal de la exposición razonada remitida la semana pasada por la instructora del caso en Lugo, la jueza Estela San José, quien elevó los indicios hallados contra Blanco.
El Ministerio Público deberá ahora remitir un informe al Supremo en el que debe pronunciarse sobre si los hechos atribuidos a Blanco revisten carácter de delito y sobre la necesidad de abrir una investigación contra el ministro socialista.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció el pasado martes su decisión de apartarse del conocimiento del “caso Campeón” debido a la relación de amistad que mantiene con el ministro de Fomento.
El fiscal general del Estado señaló en un decreto que ha decidido delegar en el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, cualquier conocimiento del “caso Campeón”.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Blanco podría haber incurrido en delitos de cohecho y tráfico de influencias por haber presuntamente recibido comisiones irregulares por la concesión de ayudas públicas a las empresas de Jorge Dorribo, presunto “cerebro” de la trama de corrupción.
El actual ministro de Fomento, en su condición de aforado, sólo puede ser investigado y enjuiciado por el Alto Tribunal. El caso, en el que ya hay una veintena de imputados, investiga las concesiones públicas irregulares adjudicadas a las empresas de Dorribo, principalmente a la farmacéutica Laboratorios Nupel.
El empresario ingresó en prisión preventiva en mayo pasado tras ser arrestado como presunto “cerebro” de la “Operación Campeón”, pero quedó en libertad el 8 de agosto tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.
En el caso también estarían implicados los ya exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), quienes dimitieron a raíz de las acusaciones presentadas en su contra.