El tc escuchará al fiscal antes de decidir sobre la bajada de sueldo a los funcionarios


El Tribunal Constitucional ha acordado dar diez días de plazo a la Fiscalía General del Estado para que presente sus alegaciones antes de decidir si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por la Audiencia Nacional ante las dudas surgidas sobre el encaje en la Carta Magna del real decreto por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Fue la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional quien decidió en noviembre pasado elevar una cuestión de inconstitucionalidad al estudiar un recurso contra el recorte salarial del Gobierno a los funcionarios de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que afectó a unos 1.700 empleados públicos.
Los magistrados de la Sección Primera del Tribunal Constitucional, encabezados por el nuevo presidente de la institución, Pascual Sala, han decidido “oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegue lo que considere conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en relación con el cumplimiento de los requisitos procesales y por si fuese notoriamente infundada”, según se recoge en la providencia dictada hoy.
La Audiencia Nacional, en el marco del conflicto colectivo planteado a instancias de CCOO en el ámbito de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, señaló que existían “dudas sobre la constitucionalidad” de la redacción de algunos de los artículos del real decreto por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, por posible afectación del “contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva”.

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