El Tribunal Constitucional cierra el paso a los independentistas catalanes

La resolución, que declara el inicio de un proceso hacia la creación de una república independiente en 2017, fue aprobada el 9 de noviembre por el parlamento catalán, dominado por una mayoría absoluta de los separatistas tras las elecciones del 27 de septiembre.

La resolución "vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española titular de esa soberanía", señalan los magistrados.

Además, destacan que el parlamento regional no puede "erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional".

El Tribunal Constitucional, que ya había suspendido cautelarmente la resolución, da así la razón al recurso presentado por el gobierno del conservador Mariano Rajoy, con el apoyo de la mayoría de fuerzas españolas en la oposición.

"Eso, a la inmensa mayoría de los españoles que creemos en España, en la soberanía nacional y en la igualdad de los españoles, nos alegra y mucho", aseguró Rajoy.

La decisión llega pocas horas antes de que el jueves a medianoche empiece la campaña para las elecciones legislativas del 20 de diciembre, de pronóstico incierto con hasta cuatro partidos aspirando a llevarse la victoria.

El Partido Popular de Rajoy, acechado por los socialistas y los dos partidos emergentes, el centrista Ciudadanos y el antiliberal Podemos, se presenta en estas elecciones como garante de la estabilidad económica y de la unión de España, que considera amenazada por el ímpetu independentista de Cataluña.

Desde esta región de 7,5 millones de habitantes y que genera una quinta parte de la riqueza española, la respuesta no se hizo esperar: "Esta sentencia no detiene los efectos políticos de la resolución", dijo Neus Munté, la portavoz del gobierno catalán.

"Por lo tanto el contenido de esta declaración, aprobada por mayoría absoluta en el parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre, se mantiene inalterable", añadió.

De hecho, en la misma resolución pactada por la coalición Junts pel Sí (integrada por CDC y ERC) y la formación de izquierda radical de la CUP, aseguraban que el proceso a la independencia no se sometería a las decisiones de las instituciones españolas, en especial del Tribunal Constitucional.

Esta corte, controlada por magistrados conservadores, se encuentra en el foco de la polémica catalana desde que en 2010 recortó algunas competencias recién adquiridas por la región en un estatuto de autonomía reformado y aprobado en referéndum en 2006. Desde entonces, y al abrigo de la crisis económica, el independentismo creció notablemente.

La intención de los separatistas es desobedecer la sentencia del tribunal y, como indica la resolución, poner en marcha las leyes para crear una administración tributaria independiente y empezar el redactado de una constitución catalana.

Sin embargo, para ello necesitan formar un gobierno y las negociaciones entre ambos grupos están atascadas por la negativa de la CUP (con diez diputados) a investir como presidente al liberal Artur Mas, candidato de Junts pel Sí (62 diputados).

La situación no se desbloqueará hasta después de las legislativas cuando la CUP reunirá a su militancia para decidir si levantan o no el veto a Mas. Si la región sigue sin nuevo gobierno el 9 de enero, deberán convocarse unas nuevas elecciones regionales, las cuartas desde 2010.

Este sería el peor escenario para el independentismo que teme una desafección de su electorado que ya empieza a palparse en las encuestas.

Según el último sondeo del instituto demoscópico del gobierno regional, el "no" a la independencia aumenta su ventaja respecto al "sí" entre la población catalana (47,8% contra 46,7%) mientras que la intención de voto a los partidos separatistas también decrece en vista de unos nuevos comicios regionales.

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