El Tribunal Constitucional, diez magistrados en busca de consenso

  • Madrid.- Los magistrados del Tribunal Constitucional que mañana examinarán en pleno el quinto borrador de sentencia del Estatuto de Cataluña llevan más de tres años y medio tratando de alcanzar un consenso sobre la misma, hasta ahora sin resultado.

Madrid.- Los magistrados del Tribunal Constitucional que mañana examinarán en pleno el quinto borrador de sentencia del Estatuto de Cataluña llevan más de tres años y medio tratando de alcanzar un consenso sobre la misma, hasta ahora sin resultado.

El fallecimiento en mayo de 2008 de Roberto García Calvo y la recusación por parte del PP de Pablo Pérez Tremps -que tendrá que abandonar el pleno cuando éste comience a estudiar el Estatut- hace que sean sólo diez los magistrados con voz y voto en una cuestión que tiene en vilo a la clase política española.

La que sigue es una relación de esos diez hombres y mujeres, divididos al cincuenta por ciento entre progresistas y conservadores:

MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE (presidenta)

Adscrita al sector progresista, es catedrática de Derecho del Trabajo y llegó al tribunal designada por el Senado. Su mandato expiró en diciembre de 2007. Siempre reacia a utilizar el voto de calidad, ahora no se descarta que haga uso de ese privilegio para poder sacar adelante la sentencia, aunque sea con un consenso mínimo.

GUILLERMO JIMÉNEZ SÁNCHEZ (vicepresidente)

Designado, como Casas, por el Senado, su mandato también expiró a finales de 2007. Catedrático de Derecho Mercantil, se le inscribe en el sector conservador, aunque a menudo se ha desmarcado de la línea mantenida por sus compañeros de ese bloque, lo que hace que su voto sea el más perseguido por los progresistas.

RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS

Designado para el tribunal por el Consejo General del Poder Judicial, es magistrado del Tribunal Supremo y fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Su mandato vence en junio de 2013. Es conservador, pero podría sumarse a un consenso amplio con los progresistas y con Jiménez en torno a un texto "centrista".

JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ

Designado por el Senado, su mandato expiró en diciembre de 2007. Magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional, es uno de los miembros del sector conservador cuyo "no" al borrador de sentencia que se estudiará mañana se considera inamovible.

VICENTE CONDE MARTÍN DE HIJAS

Designado por el Senado, es el último de los cuatro magistrados -junto a Casas, Jiménez y Rodríguez Zapata- que tenían que haber sido renovados a finales de 2007. Magistrado del Tribunal Supremo, está también en el "núcleo duro" del sector conservador y no se cuenta con él para alcanzar el consenso. A su llegada al tribunal, compitió con Casas por la presidencia del mismo.

JAVIER DELGADO BARRIO

Designado por el Congreso, su mandato vence en noviembre de 2010. Ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, su posición firmemente conservadora asegura su voto contrario al proyecto de sentencia.

PASCUAL SALA SÁNCHEZ

Designado por el Consejo General del Poder Judicial, del que fue presidente, debe permanecer en el Constitucional hasta junio de 2013. Dentro del sector progresista, ha destacado por su postura favorable a avalar la constitucionalidad del Estatut en su práctica totalidad.

EUGENI GAY MONTALVO

Designado por el Congreso, su mandato vence en noviembre de 2010. Ex presidente del Consejo General de la Abogacía Española, se ha alineado con Sala en la defensa del texto estatutario.

ELISA PÉREZ VERA

Designada por el Congreso, seguirá como magistrada hasta noviembre de 2010. Catedrática de Derecho Internacional Privado, es la ponente de la sentencia, es decir la encargada de redactar los borradores. El texto que se verá mañana es el quinto que somete a la consideración de sus compañeros. Si no sale adelante, podría dejar la ponencia en manos de un magistrado conservador.

MANUEL ARAGÓN REYES

Designado por el Gobierno, su mandato vence en junio de 2013. Catedrático de Derecho Constitucional, está encuadrado en el sector progresista, pero alberga muchas dudas sobre la constitucionalidad de determinados preceptos del Estatut y su respaldo a la última ponencia de Pérez Vera es incierto.

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