El Tribunal de Cuentas urge el control de las ausencias de los docentes universitarios

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las universidades públicas en 2012, que destaca la falta de control y transparencia en la institución y numerosas irregularidades y deficiencias, que permiten, entre otras cosas, la discrecionalidad en la contratación y la creación de nuevos puestos de trabajo, ofrece una serie de recomendaciones para frenar la grave situación.

Asegura el Tribunal de Cuentas que deberían realizarse cambios normativos precisos dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, una profesionalización y especialización en la toma de sus decisiones, cambios en el proceso electivo que evite corporativismos y una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas.

Apunta que los órganos de gobierno de las universidades deben adoptar medidas para que se cumplan las normas en materia contractual, subvencional, de personal y de cumplimiento del déficit.

Urge además a realizar un inventario actualizado de entidades dependientes y de consorcios y entidades vinculadas en las que no sea mayoritaria la participación. Asimismo, cuestiona el enorme número de entes que integran el sector público universitario, "en comparación con la importancia económica y personal del mismo", y asegura que es necesario replantearse el actual sistema de organización, ineficiente e ineficaz.

Además, insta a que se implanten unidades de control interno en las ocho universidades que todavía no lo tienen y reforzar los controles financieros permanentes.

En materia de personal, asegura que los órganos rectores deben proceder a elaborar una completa relación de puestos de trabajo y establecer un sistema de control de presencia y de cumplimiento del horario fijado para la totalidad de los empleados públicos de las universidades.Propone crear la figura del interventor

Igualmente, plantea analizar la creación en las universidades públicas de la figura del interventor con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura, además de estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, a fin de proceder a una delimitación clara del sector público autonómico.

El Tribunal ve conveniente asimismo regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias, haciendo coincidente el procedimiento final de aprobación de sus presupuestos con los de cada comunidad autónoma.

Por último considera "deseable" que, en la actualización de la normativa que desarrolla el régimen de dedicación de los cuerpos docentes universitarios, se tenga en cuenta que la excelencia aplicable a la investigación no se realice en detrimento de la excelencia docente, y que se proceda "sin dilación" a la implantación de un modelo de contabilidad analítica que asegure la homogeneidad en su aplicación a todas las universidades públicas.