El Tribunal de Estrasburgo se reforma para poder seleccionar mejor sus casos

Judith Mora

Brighton (R.Unido), 19 abr.- La declaración de Brighton, suscrita hoy por los 47 países miembros del Consejo de Europa, pone las bases para una reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia), que le permitirá seleccionar mejor sus casos.

Los ministros o secretarios de Estado de Justicia de esos países rubricaron el texto en una conferencia en la ciudad inglesa de Brighton, tras un debate que estuvo presidido por el titular británico, Kenneth Clarke, cuyo país ostenta la presidencia semestral del Comité de ministros del Consejo.

En una rueda de prensa al término de la reunión, Clarke aseguró que el Reino Unido ha logrado el objetivo que se marcó al asumir el liderazgo en noviembre, "fijar mecanismos para reducir el número de casos que llegan al tribunal de forma que este pueda centrarse en los asuntos serios de violaciones de derechos humanos".

Aunque la declaración de Brighton no incluye cambios sustanciales en los criterios de admisión -algo que le hubiera gustado conseguir al Gobierno de Londres-, sí facilitará que los magistrados puedan rechazar con más facilidad los casos considerados "triviales".

"Este es un avance importante", coincidió el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, en su comparecencia conjunta con Clarke.

Jagland recordó que de los cientos de miles de casos que recibe el Tribunal europeo, "un 90 por ciento son declarados inadmisibles", algo que podría remediarse si los Gobiernos explicaran mejor a los ciudadanos para qué sirve la corte de Estrasburgo.

Por otra parte, prosiguió, algo que contribuiría a reducir el extraordinario volumen de casos pendientes -unos 150.000- sería si los tribunales nacionales funcionaran mejor y los Estados aplicaran debidamente sentencias previas de la corte europea.

Para ayudar a los países que necesiten adaptar su legislación al Convenio europeo de derechos humanos -por el que se rige el Tribunal de Estrasburgo-, el Consejo de Europa se ofrece a ejercer un papel de asesoramiento, según recoge la declaración.

A fin de agilizar la tramitación de casos, se reduce además de seis a cuatro meses el plazo que tienen los demandantes para elevar sus recursos desde el pronunciamiento de las sentencias a nivel nacional.

Uno de los logros que se atribuye el Reino Unido, cuyas propuestas iniciales de restringir el poder de Estrasburgo han quedado significativamente rebajadas, ha sido que se introduzca en el preámbulo del Convenio europeo de derechos humanos el reconocimiento del principio de subsidiariedad, que señala que los casos deben intentar resolverse a nivel nacional.

También "se elevará a la categoría de norma" con la inclusión en ese preámbulo -en palabras de Clarke- el llamado "margen de interpretación", que garantiza un respeto a las sentencias de las cortes nacionales al entender que están mejor capacitadas para interpretar factores locales.

A la conferencia en Brighton, que continúa con el proceso de reforma iniciado en 2010 en Interlaken (Suiza), asistió una delegación del Gobierno español encabezada por el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.

El director de cooperación internacional, Angel Llorente, miembro del grupo español, dijo a Efe que el acuerdo suscrito hoy supone "un primer paso importante".

Llorente adelantó que el Gobierno de Mariano Rajoy se plantea elaborar una ley que garantice que la jurisprudencia de la corte europea se aplica en los tribunales españoles, "algo que ya se da, pero que quedaría reafirmado".

La reunión en Brighton, que concluye mañana con una sesión a puerta cerrada, venía precedida de polémica, ya que el Reino Unido cuestionó una decisión del Tribunal europeo que le impidió deportar a Jordania al clérigo islámico radical Abu Qatada.

Jagland afirmó hoy que esa sentencia sirve para "clarificar la jurisprudencia" y recordó que las decisiones de la corte, instaurada tras la Segunda Guerra Mundial para proteger los derechos humanos, a veces no satisfacen "a los Estados o a las mayorías", precisamente porque protegen "los derechos de las minorías".