El tribunal supremo anula la sanción de un mes y un día de arresto al presidente de aume

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de un mes y un día de arresto impuesta al presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, por una falta grave cometida al hacer declaraciones a través de los medios de comunicación.
De este modo, la Sala Quinta del Supremo estima el recurso de casación presentado por el subteniente Bravo contra la sentencia del Tribunal Militar Central, de 3 de septiembre de 2014, que confirmó la sanción que le impuso el Ejército de Tierra después de realizar, en calidad de presidente de AUME, dos entrevistas en los medios de comunicación en las que propuso reducir los actos festivos para evitar recortes retributivos.
En ese sentido, la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Clara Martínez de Careaga y García, establece que Bravo hizo sus declaraciones con “mesura” y “sin utilizar ninguna expresión insultante o injuriosa que pudiera atentar injustificadamente contra la reputación de sus superiores”. A su vez, añade que el militar tampoco “ha atentado contra el buen funcionamiento y eficacia del servicio y la institución”.
Por ello, considera que no hay una “necesidad social imperiosa” de limitar el derecho constitucional de libertad de expresión de Bravo, puesto que de sus manifestaciones “no se deduce una amenaza real para la disciplina y la cohesión interna de las Fuerzas Armadas”.
La sentencia sostiene que las manifestaciones vertidas por Bravo se refieren “a asuntos generales relacionados con el bienestar del personal y con las medidas de austeridad que, a su juicio, debían adoptarse para evitar los sacrificios económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas”.
El fallo reconoce el derecho de Bravo a cobrar una indemnización de 60 euros por cada día de privación de libertad “indebidamente sufrido”.
La sentencia incluye un voto particular, firmado por dos magistrados, Ángel Calderón y Francisco Javier de Mendoza, partidarios de confirmar la sanción, al considerar que los fundamentos jurídicos que dieron pie a la sanción impuesta a Bravo estaban “ajustados a Derecho”.