El Tribunal Supremo confirma condena a una farmacéutica por falsificar recetas

Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de 11 meses de cárcel a una farmacéutica que falsificaba recetas para evitar que los clientes se pusieran agresivos cuando no disponía de los medicamentos que les prescribían los médicos y los sustituía por otros, simulando la firma del facultativo.

Así lo ha acordado la sala de lo penal del TS en una sentencia, en la que desestima el recurso de la condenada contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Granada, en diciembre de 2009.

Los hechos tuvieron lugar entre septiembre y diciembre de 2006 y la acusada regía una farmacia en la Casería del Cerro del Polígono de Almajáyar en Granada.

Según explica la sentencia, la farmacéutica como en ocasiones no disponía del medicamento prescrito por el médico y "con el fin de no conjurar la agresividad que ciertos clientes muestran cuando no lo hay en el momento en el que se desplazan hasta la farmacia", modificó en ocho ocasiones el medicamento prescrito por los médicos por otro distinto, aunque, en seis ocasiones con el mismo principio activo.

Así, sobre el nombre del medicamento sustituido simulaba la firma del médico "de suerte que inducía a pensar que el cambio lo había realizado el propio médico".

La Audiencia de Granada condenó a María José F. a once meses de prisión por un delito continuado de falsedad, con la circunstancia atenuante de confesión a las autoridades, ya que en su primera declaración dijo que era autora de los hechos.

Además, le impuso inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión farmacéutica durante once meses y una multa de 900 euros.

El Alto Tribunal concluye que el cambio de un medicamento por otro tiene que ser validado por el facultativo, o excepcionalmente, cuando se trate del mismo principio activo con la conformidad del interesado.

"La acusada simuló la firma del médico para producir la apariencia de que se ha operado dicho cambio y entrar a continuación en los circuitos de control de la sanidad pública", explica.

Además, añade que "la acusada mutó la verdad que reflejaba la receta, es decir un medicamento prescrito por un médico por otro y para ello simuló que ese médico había ordenado el cambio en la dispensación del fármaco, mediante la consignación falsaria de su firma".

"Ello supone alterar conscientemente la verdad por medio de una mutación documental y ataca también a la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos como reflejo verdadero de lo que contienen, expresan o prueban, trastocando la realidad y convirtiendo en veraz lo que no es", concluye.