La sombra de la cárcel acecha al abogado y senador de Bildu Iñaki Goioaga. Cada día se encuentra más cerca de ser juzgado por su participación en el llamado frente de makos (cárceles) de ETA.
El magistrado Miguel Colmenero, instructor de la causa contra Goioaga, ha pedido al Tribunal Supremo que tramite el suplicatorio—un mecanismo para levantar el aforamiento— ante el Senado para poder actuar contra el parlamentario por delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista.
Además, pese a que en la exposición razonada que ha mandado Colmenero a la Sala de lo Penal del Supremo no se hace referencia a esto, también se le imputan delitos relacionados con el blanqueo de capitales
El alto tribunal citó el pasado 12 de noviembre a Goioaga, tras abrir un proceso contra él a petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que pidió que se le investigara por formar parte "con especial relevancia" del Colectivo de Abogados BL, integrado en el llamado frente de cárceles.Pertenece al Colectivo de Abogados BL
El grupo de makos, encabezados por Arantza Zuleta, ahora en prisión, está siendo investigado ya que se cree que transmitía directamente las órdenes de la dirección de ETA a sus miembros encarcelados.
El Supremo considera que Goioaga pertenece al Colectivo de Abogados BL, "una estructura subordinada e integrada en la organización terrorista ETA a través de Koordinazio Taldea", en el llamado frente de cárceles.
Este colectivo ejerce una labor de "adoctrinamiento y concienciación ideológica" de los presos para que no se desmarquen de las directrices de ETA. Dentro de esta estructura, Goioaga realizaría rondas y visitas planificadas a los presos de la banda.
Así, según el Supremo, "la labor jurídica del colectivo al que pertenece Iñaki Goioaga está supeditada a la labor política descrita". Además, hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas vascas) vendrían de la organización Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados no habrían sido declarados a Hacienda.
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