El voto para la "diáspora" vasca, una iniciativa de Basagoiti

Madrid, 25 jul.- El espaldarazo dado hoy por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales facilita que vea la luz una iniciativa del líder del PP de Euskadi, Antonio Basagoiti, que hace meses que puso sobre la mesa la necesidad de que los vascos que emigraron por la amenaza terrorista pudieran votar en el País Vasco.

Y es que, según ha avanzado hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, los expertos de este centro han certificado que la reforma de la ley electoral para que los ciudadanos vascos y navarros exiliados por culpa de la amenaza de ETA puedan votar en sus comunidades autónomas es "viable" y "posible" técnica, jurídica y constitucionalmente.

Basagoiti ha abanderado la causa de los "exiliados" que han emigrado del País Vasco ante la amenaza de ETA desde hace meses, pese a las críticas que ha recibido de otros partidos vascos, como el PNV, que ha calificado de oportunista esta propuesta y ha acusado al PP de querer "manipular" el censo para cambiar "artificialmente" el mapa electoral.

Su idea, que ahora ha recibido la bendición de los expertos constitucionalistas, es que esos "desterrados" puedan votar en el País Vasco aunque residan en otros lugares.

"Es una medida crucial para el fin del terrorismo, porque es lo que ETA quería conseguir: una cierta depuración del censo para tener más apoyo", resumió Basagoiti en mayo.

Una propuesta que llegó después del anuncio de ETA del cese definitivo de su actividad armada, el pasado mes de octubre, y que el líder del PP vasco justificó en el hecho de que mientras los vascos que residen en Argentina o México pueden votar en Euskadi, no pueden hacerlo los que se marcharon, por ejemplo, a Madrid.

Cuando planteó la medida, en el pleno de control al Gobierno vasco, el lehendakari, Patxi López, le respondió que no todos los ciudadanos de Euskadi que se han dado de baja en el padrón lo han hecho por la presión terrorista.

López también advirtió de que era una cuestión "muy delicada", porque un ciudadano "no puede tener un doble derecho a voto, uno donde reside y otro en Euskadi", porque supondría una discriminación para el resto de los votantes.

Jorge Fernández Díaz recogió la propuesta de Basagoiti al considerar razonable que se estudiara la viabilidad jurídica de esta reforma electoral teniendo en cuenta que hay miles de ciudadanos que, viviendo en Iberoamérica, pueden votar en las elecciones autonómicas.

El ministro alegó que se trataba de una "reparación y justicia" y encargó al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que analizara el tema.

Ahora bien, el ministro dejó claro desde el principio que el calendario electoral vasco -con comicios en marzo del 2013, si no se adelantan- no iba a condicionar este asunto, y que el Gobierno se iban a tomar todo el tiempo que fuera necesario para lograr el máximo consenso en la reforma electoral si los expertos concluían que era jurídicamente factible, como así ha sido.

Radicalmente en contra de esta medida se ha pronunciado el PNV en numerosas ocasiones. Su presidente, Íñigo Urkullu, llegó a acusar al PP de pretender "un pucherazo" con "una artimaña" que se aprovecha del "sufrimiento de las víctimas" para intentar contrarrestar la presencia de la izquierda abertzale en el Parlamento vasco.

Urkullu discutió las cifras de Basagoiti sobre "exiliados" y se preguntó cómo es posible que alguien con vecindad administrativa fuera del País Vasco pueda votar en esa comunidad y condicionar las políticas públicas que se apliquen "donde no residen".

La diputada del PNV Izaskun Bilbao se quejó de que el PP quiera "alterar la representación política" en el País Vasco con "una nueva agresión contra principios fundamentales de la democracia en nombre del 'antiterrorismo'".

Tampoco la medida es del agrado de los socialistas vascos, hasta el punto de que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, estimó que era un "señuelo" de "difícil encaje jurídico".

No obstante, los socialistas se pronunciaron a favor "con todas las cautelas" de que los exiliados amenazados por ETA voten en el País Vasco y Navarra en esta última comunidad, ya que la Junta de Portavoces de la Cámara foral aprobó en junio una declaración institucional en esta línea que contó con el apoyo de UPN, PSN-PSOE y PP.

Algunos partidos también han alertado en este tiempo de la dificultad de distinguir quién tuvo que abandonar del País Vasco exclusivamente por la presión de ETA y quién salió empujado por otros motivos.

De esa opinión es, por ejemplo, UPyD, en cuya opinión la posibilidad de que la "diáspora vasca" pueda votar tiene difícil encaje constitucional, porque hay gente que se ha tenido que marchar del País Vasco, pero siguen siendo ciudadanos que votan en España.