Elevan a 117 los campesinos paraguayos asesinados desde caída de dictadura

Asunción, 30 dic.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) exigió hoy al Gobierno que aclare el reciente asesinato de un dirigente campesino y alertó de con esa muerte ascienden a 117 los miembros de grupos de labriegos asesinados o desaparecidos desde 1989, cuando comenzó la democracia en el país.

Digno González Maidana, uno de los líderes de la Unión Campesina Nacional (UCN), fue asesinado el pasado 25 de diciembre en el distrito de Tomás Romero, en el departamento de Itapúa (sureste), según el comunicado de Codehupy.

La Coordinadora, que agrupa a 36 asociaciones defensoras de los derechos humanos, expresó su convicción de que el asesinato fue obra de sicarios e instó al Gobierno a iniciar una "rigurosa investigación" para dar con los responsables morales y materiales del crimen y aplicar las penas correspondientes.

Añadió que las autoridades paraguayas deben adoptar medidas orientadas a garantizar la vida y la integridad de las y los dirigentes campesinos y destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera a los líderes agrarios como defensores de los derechos humanos.

Codehupy también recuerda que González es el segundo dirigente campesino asesinado este año, después de la muerte violenta de Eusebio Torres el pasado mes de marzo.

Ambas muertes se unen a los 115 líderes o militantes de organizaciones campesinas asesinados en Paraguay entre 1989, año del golpe que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, y 2013.

Ese cómputo está recogido en el Informe Chokokue" (campesino, en el idioma guaraní), elaborado por Codehupy y presentado en Asunción el pasado agosto.

El coordinador del Informe Chokokue, Hugo Valiente, dijo entonces a Efe que su investigación revela "un plan sistemático de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay", cuya meta es "impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria".

Según el estudio, la mayoría de las víctimas pertenecían a la Federación Nacional Campesina y al Movimiento Campesino Paraguayo, dos de las principales agrupaciones de labriegos de la nación guaraní.

El informe fue presentado a finales de octubre ante la CIDH, en Washington, por miembros de Codehupy, quienes denunciaron la "impunidad estatal" y señalaron que la Justicia paraguaya no ha emitido ninguna condena completa en las 115 muertes, sino sólo ocho "parciales".

Sin embargo, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Juan Miguel González Bibolini, rechazó las acusaciones.

Aseguró además que a diferencia de los "oscuros años de la dictadura", la situación de los derechos humanos en su país "puede ser supervisada" por organizaciones nacionales e internacionales.