En libertad cinco de los 16 detenidos por el caso de las facturas de UGT-A

Sevilla, 25 jun.- El juez de instrucción 9 de Sevilla ha dejado hoy en libertad a los cinco primeros empresarios que han sido puestos a disposición judicial por las presuntas facturas falsas de la UGT-A, una causa que lleva ya dieciséis detenidos y en la que el Gobierno andaluz ha anunciado que se va a personar.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ayer detuvo a catorce personas en Sevilla, Madrid y Jaén, y esta mañana a otras dos en Agost (Alicante), ha puesto hoy a disposición judicial a diez detenidos.

Los cinco primeros empresarios han sido puestos en libertad tras una comparecencia en la que aseguraron haber actuado por indicaciones del sindicato y en la creencia de hacerlo legalmente.

Mañana se espera la comparecencia ante el juez de Federico Fresneda, exvicesecretario de Administración de la UGT-A, detenido en Canarias y que hoy ha sido trasladado en avión hasta Sevilla.

El fiscal anticorrupción no pidió medidas personales ni de responsabilidad civil para los empresarios ya liberados y el juez les imputó delitos de falsedad y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude en subvenciones, han informado a Efe fuentes del caso.

Se trata del dueño de la empresa Chavsa, un empleado suyo, el administrador de Viajes Macarena, el propietario de Lienzo Gráfico y el dueño de una imprenta sevillana, y a lo largo de la tarde el juez seguirá tomando declaración a otros imputados, entre ellos Miguel Ángel González Guzmán, administrador de la empresa jiennense KND Caronte, quien esta mañana fue trasladado desde Jaén a Sevilla.

Los cinco detenidos en Madrid, relacionados con la empresa Siosa, dedicada a aplicaciones móviles, también van a ser trasladados a Sevilla para su declaración judicial.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz ha instado hoy a su gabinete jurídico a que inicie los trámites para la personación en la causa y que analice los posibles perjuicios para la Administración.

"Como siempre, la Junta de Andalucía colaborará en todo lo que le sea solicitado y contribuya a acelerar la acción de la Justicia", señala el Gobierno andaluz en un comunicado.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha manifestado que en su organización "no se concibe ningún tipo de caja b" y que "los fondos de formación se utilizan para formación".

El responsable del sindicato ha comparecido ante los medios de comunicación en A Coruña, donde ha pedido que no se saquen conclusiones precipitadas ni interesadas, ni tampoco se menoscabe la imagen de toda una organización.

"Desde UGT respetamos la actuación de la justicia, creemos en la independencia judicial, pero hay instituciones, como es el Ministerio del Interior, que no es independiente, o los mandos de la Guardia Civil que tienen una relación jerárquica con el Gobierno y con el Ministerio del Interior. Podemos decir lo mismo de la Fiscalía, que depende a efectos funcionales del Gobierno", ha relatado.

Los partidos políticos también se han pronunciado y el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que asuma responsabilidades políticas, ya que considera que el caso le afecta "de lleno" a ella y al PSOE, y le ha urgido a explicar "cuál es su papel en el fraude".

Por el contrario, el PSOE ha rehusado pronunciarse sobre la operación de la Guardia Civil al estar aún "en marcha", pero ha remarcado que la Junta abrió "antes que nadie" una investigación interna para "velar por el bueno uso" de los fondos públicos, según ha explicado el portavoz parlamentario, Mario Jiménez.

IU, socio de gobierno del PSOE en Andalucía, pedirá las "explicaciones que sean necesarias" al Gobierno andaluz y no descarta "ninguna iniciativa" en el Parlamento.

Mientras la instrucción continúa, el sindicato Manos Limpias ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar de UGT Andalucía a raíz del presunto fraude.