Entre los imputados de la 'operación Edu' están la ex alcaldesa de Jerez y un concejal de Roquetas de Mar

La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez ha testificado este martes "durante cinco minutos" como expresidenta de Mercajerez ante la Policía Nacional en el marco de la 'Operación Edu' que investiga los cursos de formación en Andalucía. Ha aclarado a los investigadores que no sabía "nada" de los cursos y señala que en las dependencias policiales estaba "todo Mercajerez".

De hecho, indica que había otras personas relacionadas con la gestión de Mercajerez en las dependencias policiales este martes, aunque ignora "en calidad de qué".

Según explica, Mercajerez es una sociedad mixta pública y privada cuya presidencia ostentan históricamente los alcaldes de la ciudad y, por tanto, ella la presidió entre 2008 y 2011.

Apunta que "ni me acordaba de ello, porque los alcaldes habitualmente, si es que van, van a Mercajerez una vez al año", que es la periodicidad con la que las empresas públicas están obligadas a reunir a su consejo de administración. Al respecto, apunta que ella "ni iba porque delegaba".

Asimismo, recuerda Sánchez que en el consejo de administración de Mercajerez -entidad que explota el mercado de abastos de la localidad jerezana- había representación de "todos los partidos políticos".

Finalmente, recalca que no tiene"nada que ver" en el asunto investigado e incide en que no ha estado "detenida en ningún momento", añadiendo que ha declarado "cinco minutos y me he ido", sin que esté previsto que vuelva a ser citada, según ha comentado.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está llevando a cabo desde primera hora de este martes una nueva fase de la 'operación Edu', bautizada con el nombre de 'Edu Costa', en la que se prevén entre 70 y 90 detenciones en los próximos días en las provincias de Málaga, Cádiz y Almería.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación, esta fase está dirigida contra las personas vinculadas a las empresas que se beneficiaron de las subvenciones para realizar cursos de formación.

En el caso de la provincia de Cádiz, la investigación se centra en esta fase una ayuda recibida por Mercajerez en 2010 para organizar cursos de formación.Un concejal del PSOE imputado que defiende que no hay irregularidad en sus empresas de formación

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), Juan Fernando Ortega, imputado en la segunda fase de la operación 'Edu' que la UDEF desarrolla este martes en tres provincias andaluzas, ha indicado que las tres empresas investigadas por un presunto fraude y con las que está relacionado como administrador han ejecutado "siempre los cursos de formación" para los que recibió subvención "de acuerdo a la ley".

"No somos conscientes ni pensamos que hayamos podido cometer alguna irregularidad", ha trasladado a Europa Press Ortega Panigua, quien ha comparecido en dependencias de la Comisaría Provincial tras ser citado vía telefónica por los investigadores junto a su exmujer, su hija y una profesora, quienes también figuran al frente de las mercantiles Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL.

Ha señalado que, si bien ha acudido con la intención de declarar "voluntariamente", ha optado por no hacerlo ya que la causa se encuentra bajo secreto sumarial por decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, encargado de las diligencias previas incoadas en junio de 2014 a raíz de la denuncia de la Fiscalía Provincial.

Ortega Paniagua, quien ha precisado que ha permanecido ante los agentes de la UDEF "alrededor de 10 o 15 minutos", ha trasladado que se encuentran "tranquilos" porque"siempre hemos ejecutado los cursos, entregado los materiales y hemos obtenido un alto grado de satisfacción", según ha remarcado. "No entendemos si habrá otra cosa pero, de forma consciente, no hemos cometido ninguna irregularidad".

Ha defendido, en esta línea, su larga "trayectoria profesional, muy conocida", y ha hecho alusión a que, cuando se conoció que se investigaba a las mercantiles con las que está vinculado, "nos personamos en el juzgado para declarar de forma voluntaria aunque se nos informó que no era el momento y que había secreto de actuaciones".

"Nunca hemos tenido ningún requerimiento por parte de la Junta de Andalucía, se han justificado en tiempo y forma las subvenciones recibidas y se han entregado todos los materiales", ha resumido.

Por último, Ortega Paniagua ha hecho referencia a los trámites para darse de baja de militancia del PSOE y para renunciar a su acta de concejal y ha remarcado que su intención es que "quede claro que esto tiene que ver con mi actividad profesonal y no con el partido o con mi actividad como concejal". "Son hechos diferenciados y espero que con mi decisión no se mezclen unas cosas con otras", ha concluido.

Ortega Paniagua está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social y ya ha sido puesto en libertad tras personarse ante los agentes encargados de la investigación bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 4 de Almería.

La delegada del Gobierno dice que la 'operación Edu' llegará a "todos los rincones"

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha confirmado que, "desgraciadamente", las investigaciones de la nueva fase de la 'operación Edu' desplegada desde este martes por la Policía y relacionada con la investigación de los cursos de formación en la comunidad autónoma andaluza llegarán "a todos los rincones de Andalucía".

En declaraciones a los periodistas, Crespo ha confirmado que este nuevo operativo mantiene pesquisas en otras provincias andaluzas al margen de Almería, Cádiz y Málaga, las inicialmente trascendidas y donde por ahora se centran las actuaciones.

Según ha expuesto Crespo, las investigaciones, en una causa que se encuentra a día de hoy bajo secreto de sumario, se vinculan con empresas y sociedades mercantiles que presuntamente han "malutilizado" los fondos de formación que se proporcionaban desde la Junta, con "políticos y empresarios" relacionados con una operación "de gran alcance, que hace tiempo que empezó y cuyo colofón puede ser hoy".

"La lástima es que tiene que ver con los desempleados y los fondos de formación: nos llena de estupor y pena que estos fondos se hayan malutilizado", ha agregado.

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que la que ha comenzado este martes es la primera fase de la que se denomina operación 'Edu Costa' y se va desarrollar con actuaciones como registros domiciliarios y de empresas de Cádiz, Málaga y Almería hasta el día 13. La segunda fase, según han precisado, comenzará el día 16 y tiene previsto culminar el día 20.

El secreto de actuaciones se ha estado prorrogando a la espera de que se incorporase a la causa el informe oficiado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que recientemente culminaba con la ronda de entrevistas a profesores y alumnos de los centros de formación bajo sospecha.

La última decisión, al margen de las prórrogas de secreto de sumario, de la magistrada María del Mar Cruz en el marco de este procedimiento fue aceptar que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se personase como parte en el procedimiento, aunque rechazaba entonces dar traslado de lo actuado hasta el momento debido al secreto que pesa sobre la causa.Un edil del PP de Rincón, citado a declarar este miércoles dentro de la operación

Un edil del equipo de gobierno del PP de Rincón de la Victoria (Málaga) ha sido citado a declarar este miércoles dentro de la investigación por el presunto fraude en los cursos de formación para desempleados, que ha iniciado este martes una nueva fase de la operación policial, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

Se trata del concejal de Formación del Consistorio, según han informado las fuentes, quienes han apuntado que se le ha citado para declarar al igual que a su mujer e hijo ante los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que se encargan del caso desde el inicio.

Este edil, Manuel Sánchez, ha asegurado a Europa Press que el curso, que era de ayudante de cocina, se impartió a través de un negocio de hostelería que tiene "con todos los requisitos" que ponía la orden, incluyendo el compromiso de contratación; y ha señalado que el curso se justificó ante la Junta de Andalucía, que incluso ha revisado el expediente y ha "reconocido el abono de la parte que quedaba pendiente de pago".

Esta segunda fase de la investigación en torno al fraude de los cursos de formación en Andalucía va dirigida contra 90 personas vinculadas a un total de 52 empresas y pretende destapar las responsabilidades en torno a un fraude de cerca de tres millones de euros, según las cifras de los investigadores de la UDEF de la Policía Nacional que dirigen las pesquisas.

La operación ha sido bautizada como 'Edu Costa', porque se va a desplegar desde este martes y durante los próximos días en las provincias costeras de Málaga, Almería y Cádiz. Esta primera fase se va desarrollar con actuaciones como registros domiciliarios y de empresas hasta el día 13 y habrá una segunda fase que comenzará el día 16 y tiene previsto culminar el día 20.

En el caso de Málaga, esta nueva fase de la operación policial se centraría en una segunda convocatoria de ayudas investigada por la UDEF, según han indicado a Europa Press otras fuentes cercanas a la investigación.

Inicialmente las pesquisas en Málaga se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones -por algo menos de dos millones de euros- en la convocatoria del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de diciembre de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación.

Pero, posteriormente, los investigadores han examinado también la convocatoria de noviembre del mismo año, detectando irregularidades inicialmente en una decena de las 32 empresas a las que se concedieron subvenciones en dicho expediente por un valor global de casi 2,5 millones de euros. A esta convocatoria es a la que se referiría la operación ahora desplegada en Málaga, han indicado.

Otras fuentes han indicado a Europa Press que las actuaciones son realizadas a instancias de la Policía y no del juzgado; por lo que previsiblemente las personas supuestamente implicadas en esta fase no pasarán a disposición judicial ahora.Investigación de la Fiscalía

El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentan características que hacen "presumir la posible existencia de infracción penal".

La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realice "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

El Ministerio Público indicaba entonces que en el testimonio de particulares remitido desde la Fiscalía de Málaga se incluye un informe de la UDEF "en el que se da cuenta de irregularidades detectadas" en la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

Remarcaba que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producen "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación sobre subvenciones establece al efecto y señala, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".

La Fiscalía Provincial detallaba en su denuncia, asimismo, que, en un segundo informe de la UDEF, "se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería", aunque matizaba que "no se realiza una investigación profunda y detallada".

Sí hacía mención a que en el citado informe se citan "varias" empresas en las que se "han detectado diversas irregularidades" y recogía cuatro en concreto: "Quintaeventos S.L.; Ormar Informatic S.L.; Inmecamar S.L.; y Academia Infosol S.L.". El Ministerio Público interesó, además de la incoación del procedimiento penal que se incorporase a la causa el testimonio de particulares de las diligencias de investigación penal de la Fiscalía de Málaga.