Esgrimen irregularidades para anular el caso Riviera de corrupción policial

Barcelona, 12 jul.- Las defensas del caso Saratoga-Riviera de presunta corrupción policial vinculada a prostíbulos han esgrimido hoy un cúmulo de irregularidades en la investigación para pedir a la Audiencia de Barcelona la nulidad de una causa que creen que fue instruida de forma "inquisitorial" y parcial.

En la sección novena de la Audiencia de Barcelona, acusaciones y defensas del caso Saratoga-Riviera han planteado hoy sus cuestiones previas al inicio del juicio contra una presunta trama de corrupción, en la que están imputados una veintena de personas, entre mandos de la Policía Nacional, dueños de burdeles, abogados y funcionarios.

La trama de presunta corrupción policial, en la que figuran un comisario jefe y dos inspectores de la Policía Nacional que afrontan hasta 44 años de cárcel, está acusada de haber protegido los macroburdeles Saratoga y Riviera de Castelldefels (Barcelona) -precintados de forma indefinida a raíz de esta causa-, a cambio de dinero y regalos.

Las defensas han planteado hoy una batería de cuestiones previas con el propósito de atacar los fundamentos del caso y han esgrimido un cúmulo de supuestas irregularidades cometidas por la juez instructora, Elisabet Castelló, para plantear la nulidad de las principales actuaciones del sumario, pretensión que, de prosperar, dejaría el proceso vacío de pruebas.

Concretamente, los abogados han denunciado falta de motivación de las intervenciones telefónicas, una de las principales pruebas que sustentan la causa, así como otras cuestiones formales que, en su opinión, podrían implicar la nulidad de actuaciones, como prórrogas de secreto de sumario decretadas fuera de plazo o en días festivos en que la juez no estaba de guardia.

Los argumentos de los abogados han ido dirigidos a atacar los tres elementos que dieron pie a la investigación: la declaración incriminatoria del exinspector jefe de la brigada de Extranjería de la Policía Nacional José Javier M.P. (el primero contra el que se querelló la Fiscalía), el testimonio de un confidente policial que las defensas creen dudoso y un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que consideran totalmente irregular.

Olga Tubau, abogada de José Javier M.P., ha apuntado que el denominado informe "Gata", que la Policía Nacional realizó sin orden ni control judicial y entregó a la Fiscalía, pudo haberse iniciado por motivos espurios con la intención de "neutralizar" a su cliente desacreditándole, después de que este insinuara que superiores suyos también estaban siendo sobornados por los dueños de prostíbulos.

Para elaborar ese atestado, ha remachado el abogado José María Fuster-Fabra, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional tomaron declaración como testigos protegidos a clientes de los letrados imputados en una estancia del hotel Majestic de Barcelona.

A raíz de ese informe que cuestionan los abogados, la Fiscalía, que decidió encargar la investigación a los Mossos d'Esquadra, pidió declaraciones de testigos e intervenciones telefónicas a la juez, lo que dio como resultado un conjunto de pruebas que las defensas creen que estaría viciado por haberse obtenido de forma ilícita.

Otra de las cuestiones que han sobrevolado sobre la vista es el papel del confidente policial Manuel G.C., cuya declaración fue clave para destapar la trama, pero que ha sido cuestionada por los abogados dado que el testigo está imputado por tráfico de drogas en otro caso de supuesta corrupción policial que investiga el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.

El juez sospecha que ese confidente, que también fue testigo de otro caso de corrupción relacionado con el robo de un alijo de cocaína en el puerto de Barcelona, fue a su vez protegido por un grupo de mossos d'esquadra, entre ellos precisamente el jefe de la unidad que investigó el caso Saratoga-Riviera.

Por su parte, la Fiscalía ha pedido como cuestión previa que se una a la causa los pasaportes de mujeres del Este que recientemente fueron hallados en una buhardilla en un edificio abandonado de Castelldefels (Barcelona) próximo al Riviera, donde se cree que los dueños del burdel ocultaban a las prostitutas cuando la trama corrupta les avisaba de una redada. EFE.