Eta. La audiencia nacional juzga mañana al abogado unai errea por intermediar en el pago de la extorsión etarra

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará mañana, jueves, al abogado del entorno de ETA Unai Errea Berges por las gestiones de intermediación que presuntamente realizó para el pago por parte del empresario de Azpeitia (Guipúzcoa) Santiago Lazkano, consejero delegado de la empresa Antzibar, de 72.000 euros que le exigió la organización terrorista.
El fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, solicitará ocho años de cárcel para Errea, al atribuirle un delito de colaboración con organización terrorista. El acusado fue uno de los abogado de Gestoras Pro Amnistía, la organización de apoyo a los presos etarras declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
El representante del Ministerio Público señala en su escrito que el empresario Lazkano recibió en el año 2007 distintas cartas del aparato de extorsión de ETA exigiéndole el pago del denominado “impuesto revolucionario”.
Ante su silencio, el empresario recibió una carta de ETA –fechada el 29 de enero de 2008- en el que se le conminaba a pagar 72.000 euros en billetes de 20, 50 y 100 euros. “No juegue con nuestra paciencia, porque ésta es la última oportunidad que recibirá”, señalaba la misiva.
GESTIONES DE INTERMEDIACIÓN
Lazkano decidió solicitar la ayuda del gerente de Antzibar, Asier Etxabe, para que realizase las gestiones necesarias para el pago de la cantidad exigida por ETA.
El gerente contactó entonces con Errea Berges para que le hiciera llegar un escrito al etarra Jon Salaberría. Este terrorista fue detenido en Burdeos (Francia) el 20 de mayo de 2008 junto con el considerado “número uno” de ETA, Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”, y se le intervino un lápiz de memoria con el escrito del empresario de Azpeitia.
Según el fiscal Rubira, el acusado, una vez hizo llegar a ETA la nota de Lazkano, “concluyó el resto de las gestiones para el cobro de la suma de 72.000 euros” exigidos por la organización terrorista.
Etxabe y Errea quedaron en un bar de la localidad guipuzcoana de Hernani, donde el acusado entregó al gerente de Antzibar un sobre con 72.000 euros. El acusado, “una vez recibido el dinero, y a las afueras del bar, se lo entregó a una tercera persona no identificada”.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó en abril de 2010 la libertad bajo fianza de 10.000 euros de Errea, quien había sido encausado por su presunta relación con el pago de la extorsión de ETA a raíz de la declaración de los letrados Jon Enparantza, Arantza Zulueta e Iker Sarriegui, detenidos e imputados por ser supuestamente los delegados de la banda terrorista para someter a los presos etarras a la disciplina de la banda.
El acusado fue condenado en Francia en el año 2003 a cuatro años de cárcel por colaboración con asociación de malhechores.