Eta. La legalización de bildu hace peligrar el consenso sobre la nueva ley de víctimas


La legalización de Bildu y su entrada en las instituciones hizo peligrar hoy el consenso parlamentario sobre la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, cuyo texto fue pactado por todos los partidos antes de que la coalición abertzale pudiera presentarse a las elecciones del 22 de mayo.
Esta nueva situación quedó reflejada esta tarde en la Comisión de Interior del Congreso, donde se aprobó el dictamen sobre la nueva Ley de Víctimas, que contó con el voto en contra de UPyD y la abstención de ERC. Este texto legal, que en su mayor parte había sido pactado por PSOE y PP, tendrá que ser refrendado ahora por el pleno de la Cámara Baja.
Sin embargo, el debate de esta tarde tuvo muy presente la irrupción de Bildu en las instituciones, algo a lo que se refirió, especialmente, la diputada de UPyD Rosa Díez, aunque la cuestión también fue abordada por el representante del PP Alfonso Alonso y por el parlamentario de UPN Carlos Salvador.
Este planteamiento fue rechazado por el diputado del PNV Emilio Olabarría. A su vez, el diputado de ERC Joan Tardà y la parlamentaria de CiU Mercè Pigem se lamentaron de que la nueva ley no vaya a recoger a las víctimas de “otras violencias”, en referencia a crímenes ocurridos durante la Transición.
“TESTAFERROS DE ETA”
Sin embargo el asunto de Bildu fue el que más polémica suscitó. En este sentido, Rosa Díez aseguró que no puede hacerse “como que no ha pasado nada” después de que los “testaferros de ETA” -por Bildu- hayan entrado en las instituciones tras las elecciones del mes pasado.
Por este motivo, esta diputada no estimó suficiente un artículo de la nueva ley pactado por PSOE y PP, que aludía a la búsqueda de “la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo”. Esta diputada planteaba que en la ley se hablase de “no mantener ningún proceso de diálogo o negociación que suponga el pago de cualquier precio o contraprestación a los terroristas". Esta enmienda fue rechazada, junto a otra que hablaba de la expulsión de los cargos públicos que justificasen el terrorismo.
Esta intervención fue duramente criticada por el diputado del PNV Emilio Olabarría, quien dijo que consideraba que el planteamiento de UPyD rompía el consenso con el que nació esta nueva Ley de Víctimas, por lo que dijo que estaba dispuesto a abandonar la comisión de Interior. Además, el parlamentario peneuvista llegó a calificar de “fascista” que no se acepte la presencia de Bildu en las instituciones y que se tilde a sus miembros de “testaferros de ETA”.
Por su parte, Alfonso Alonso, del PP, señaló que se había elaborado una “buena ley” de víctimas y que este debate no debía usarse como “campo de batalla” de otros planteamientos políticos. No obstante, Alonso expresó su “preocupación” por el “enorme retroceso” que supone que Bildu haya entrado en las instituciones.
A su vez, Manuel de la Rocha, del PSOE, también apeló al entendimiento con el que se ha gestado esta ley, al tiempo que señaló que “quien rompa el consenso en esta materia que asuma su responsabilidad”. Este diputado añadió, en clara referencia a Bildu, que existen instrumentos legales para quien desde las instituciones lleve a cabo “actos de apoyo” o “justificación” del terrorismo.

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