Eta. Velasco interrogará a los arrepentidos de las farc por videoconferencia

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, además de ordenar a la Policía Nacional viajar a Colombia, ha decidido interrogar él mismo a nueve arrepentidos de las FARC a través de videoconferencias con el objetivo de esclarecer las relaciones de esta banda terrorista con ETA y sobre los adiestramientos conjuntos que tuvieron supuestamente lugar en la selva venezolana entre 2003 y 2008.
La videoconferencia se producirá de forma complementaria a los interrogatorios que Velasco ha ordenado realizar a la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, cuyos agentes deberán viajar a Colombia para tomar declaración a los nueve ex guerrilleros.
Según una providencia dictada por Velasco el pasado 21 de septiembre y a la que ha tenido acceso Servimedia, estos antiguos guerrilleros colombianos a los que el juez quiere interrogar por videoconferencia “podrían reconocer a más miembros de ETA en Sudamérica y testificar sobre los mismos”.
Los agentes también deberán preparar con las autoridades colombianas las citadas videoconferencias, para lo que Velasco cursará la oportuna comisión rogatoria al país sudamericano. El escrito señala que los testigos se encuentran “repartidos” por toda Colombia.
La misma providencia revela que los agentes de información de la Policía ya interrogaron el pasado mes de abril en Colombia a tres de los nueve arrepentidos de las FARC, pero en aquella ocasión “no se les realizó el oportuno reconocimiento fotográfico de los presuntos terroristas”.
De hecho, para el próximo viaje a Colombia, Velasco indica a la Policía que esta vez deberá “hacer los reconocimientos fotográficos”. El objetivo de esta medida es que los ex miembros de las FARC puedan reconocer e identificar a los etarras que pasaron por los campos de entrenamiento de la guerilla.
TÉCNICAS TERRORISTAS
El juez de la Audiencia Nacional también pide a la Comisaría General de Información un informe “que indague en el tiempo si la colaboración FARC-ETA llevó a sendas organizaciones terroristas a homogeneizar explosivos y a realizar tácticas terroristas parecidas, tanto en suelo español y colombiano”.
De forma complementaria, Velasco ha citado para el día 15 de noviembre a las 10.00 horas a los ciudadanos venezolanos Néstor González y Diego Arria, quienes declararan como testigos ante el juez a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que actúa como acusación popular en la causa.
TESTIGO PROTEGIDO
Velasco también quiere interrogar a un antiguo fiscal venezolano, que reside fuera del país sudamericano, y al que se ha declarado testigo protegido en la causa. La fiscal encargada del caso, Teresa Sandoval, remitió al juez un escrito el pasado 20 de septiembre dando su visto bueno a que se considerase al fiscal testigo protegido para “preservar su identidad”.
El magistrado tiene previsto tomar declaración a este ex fiscal por medio de una videoconferencia cuya fecha está todavía pendiente de fijar. El juez pide a la fiscal Sandoval y a las demás partes personadas que presenten una lita de preguntas para realizar al antiguo representante del Ministerio Público venezolano.
Según fuentes jurídicas, este antiguo fiscal remitió una carta al juzgado de Velasco en la que se ofrecía para aportar datos sobre la conexión entre ETA y las FARC y sobre la supuesta connivencia del Gobierno de Venezuela con esta relación.
GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ
Velasco ha tomado todas estas decisiones en el marco de la causa abierta para investigar las presuntas relaciones entre ETA y las FARC, un proceso que destapó la supuesta connivencia del gobierno de Hugo Chávez en estos entrenamientos terroristas.
El juez destacó en un auto dictado en marzo pasado que su investigación había puesto de manifiesto “la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”.
Con ese auto el magistrado procesó a seis presuntos etarras y siete supuestos miembros de las FARC por la colaboración que se prestaron ambas organizaciones para mejorar sus actividades terroristas y que se concretaron en cursillos de manejo de explosivos e, incluso, en apoyos logísticos para llevar a cabo atentados.
Dentro de estas acciones conjuntas, las FARC pidieron ayuda a ETA para poder localizar a dirigentes colombianos, entre ellos al presidente del país, Álvaro Uribe, y a su antecesor, Andrés Pastrana, “con el fin de atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE”.
En aquella ocasión, el magistrado procesó por un delito de colaboración con organización terrorista a los presuntos etarras José Ignacio Echarte, Arturo Cubillas, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José Miguel Arrugaeta San Emeterio, José Ángel Urtiaga Martínez y José María Zaldua y a los presuntos miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert, Luciano Martín Arango y Omar Arturo Zabala, Víctor Ramón Vargas y Edgar Gustavo Navarro.
Además, al presunto etarra Arturo Cubillas y a los colombianos Víctor Ramón Vargas y Edgar Gustavo Navarro les imputó un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas por su relación con los planes para atentar en España contra dirigentes colombianos.