Dos exafiliados de Manos Limpias denuncian que Bernad les hacía limpiar las banderas de la sede para ayudarles

EUROPA PRESS

Así se señala en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregado el pasado 13 de junio al juez instructor del caso, Santiago Pedraz, y que obra en nuevas piezas del sumario que han salido a la luz y a las que ha tenido acceso Europa Press.

Según el informe, estos dos afectados, naturales de Talavera de la Reina (Toledo), tenían pendientes una serie de litigios contra determinadas personalidades de dicha localidad en relación a la construcción de un campo de golf que afectaba a unos terrenos de su propiedad y recurrieron al sindicato en busca de asesoramiento.

Desde el mismo les manifestaron que para ello tendrían que estar afiliados, motivo por el cual acaban afiliándose en distintos periodos, y que las cuotas que tenían que pagar eran de 60 euros anuales. Asimismo, hicieron dos donaciones, una de 500 euros y otra de 200 vía transferencia bancaria.

Bernad, en prisión desde el pasado mes de abril en el marco de la investigación por la cual se le acusa de supuestos delitos de extorsión a entidades financieras y empresas, les hizo una serie de encargos adicionales tales como vender lotería, limpiar las banderas de la sede del sindicato ubicada en la calle Ferraz de la capital y cambiar el rótulo.

El argumento que empleaba Bernad para justificar estas tareas es que los dos "eran de la casa", según reza el informe de la Policía, que recoge además el descontento de estos dos afectados, los cuáles denuncian que el sindicato nunca les ayudó con sus problemas judiciales y finalmente acabaron pensando que les estaban engañando.

MISIVA DE LÓPEZ NEGRETE

En el caso concreto de uno de ellos, se le propuso trabajar de manera altruista en el sindicato en el área de consultas cargo gracias al cual tuvo acceso a un amplio número de cartas dirigidas a Manos Limpias procedentes de personas que querían que el sindicato les llevase sus causas jurídicas.

Fue así como descubrió una carta remitida por la abogada del sindicato Virginia López Negrete y que iba dirigida a un afectado del caso Afinsa. Dicha carta no iba firmada y consistía en la solicitud de una determinada cantidad de dinero para sufragar los gastos derivados de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH).

Si bien en la misiva se especificaba que el pago de las cantidades solicitadas se abonaría a una cuenta del Banco BANIF y que estaba a nombre de la letrada.

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