Exedil de Gil cobró en dietas 350.000 pesetas porque se tenía "mover mucho"

San Fernando de Henares (Madrid), 22 abr.- La exconcejala de Hacienda de Marbella con Jesús Gil, Marisa Alcalá, ha justificado, en su declaración por el caso Saqueo II, una "nota de gastos" por la que en 1994 una sociedad municipal le pagó 354.623 pesetas (2.131 euros) en "dietas" porque se tenía que "mover muchísimo".

Ella y otros tres exconcejales de Gil -Pedro Román, Antonio Romero y María Dolores Miñones- han declarado hoy en la Audiencia Nacional por esta causa que investiga el presunto desvío de unos 70 millones de euros del consistorio marbellí de 1994 a 2001 a través de empresas públicas y privadas y con dádivas a los concejales, así como impagos por 91,5 millones a la Seguridad Social.

Alcalá fue concejal de Marbella de 1991 a 2003, la mayoría del tiempo de Bienestar Social, salvo de 1994 a 1995, que ejerció de edil de Hacienda, un cargo para el que ha dicho que no estaba preparada.

La acusada ha reconocido haber percibido numerosas facturas de empresas municipales de entre 350.000 y 1.500.000 pesetas por conceptos que, según la Fiscalía, no se justificaron.

En virtud a una de ellas fechada el 29 de diciembre de 1994 y emitida por la sociedad municipal Sanidad y Consumo 2000, que ella presidía, se le pagaron 354.623 pesetas por el concepto "varios".

La exedil ha justificado la factura en "dietas" y "kilometraje" porque tenía que desplazarse "muchísimo" al trabajar "de mañana y tarde". "Era mucho el trabajo que teníamos", ha argumentado Alcalá, que se enfrenta a una petición fiscal de 12 años y medio de cárcel por malversación, falsedad y delito contra la Seguridad Social.

En mayo de 1995 cobró una factura parecida por "Asistencia y asesoramiento Comisión gestora" pagada por la misma sociedad de 390.000 pesetas, cuya cifra aparece escrita en el papel entre las casillas de "varios" y "combustible".

A diferencia que la anterior, ha indicado que esta última seguramente sirvió para pagar nóminas atrasadas del personal de la empresa municipal, lo mismo que una tercera factura de junio de 1996 por 1.500.000 pesetas. "Todo estaba justificado", ha apuntado.

En el tercer día del juicio también ha sido interrogado el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, quien ha afirmado que Jesús Gil decidió no pagar las cotizaciones a la Seguridad Social -91,5 millones de 1991 a 2001- porque "el Estado no ingresaba al ayuntamiento lo que le correspondía".

Román, para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel, ha afirmado que Gil no pagó las cotizaciones como parte de una estrategia con la que perseguía conseguir "compensaciones" a través de negociaciones con el Gobierno central.

La tercera de los 35 acusados que ha declarado hoy ha sido la exconcejala de Cultura y Educación María Dolores Miñones, que ha afirmado que el exalcalde Julián Muñoz -principal acusado- le dijo que un sobrino suyo iba a figurar como secretario de una empresa municipal que supuestamente sirvió para desviar dinero.

La que fue concejala de 1995 a 2003 se enfrenta a una petición fiscal de 9 años de cárcel por haber recibido dinero sin que se justificara su destino y por no pagar a la Seguridad Social.

Miñones fue, como muchos de los concejales, administradora, gerente y vocal de varias sociedades municipales que supuestamente sirvieron para sustraer fondos públicos.

En el caso de la sociedad Gerencia de Obras y Servicios, ha indicado que Julián Muñoz la llamó, por orden de Gil, para decirle que ella sería vocal y que un sobrino suyo, Alberto García Muñoz, iba a ocupar el cargo de secretario.

Durante la mañana también ha declarado el concejal de Aguas y Electricidad de 1991 a 1999, Antonio Romero, para quien la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel por malversación por no haber justificado el destino de 15.000 euros que cobró mediante cheques.

El exconcejal ha asegurado que este dinero sirvió para pagar a un equipo de fútbol y un viaje que hizo a París para visitar una depuradora.

Además de los concejales que han declarado hoy, entre los 35 acusados en el caso Saqueo II figuran los ex primeros ediles Marisol Yagüe y el exfutbolista Tomás Reñones, así como el principal acusado del caso Malaya, Juan Antonio Roca.