Sevilla, 15 ago.- El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) aboga por una reforma en profundidad del sector público andaluz, y propone reducir el número de empleados públicos y "reconsiderar sus diferentes condiciones de trabajo respecto a los trabajadores de la inmensa mayoría de las empresas privadas".
Entre estas diferencias este foro de expertos económicos apunta las jornadas de trabajo con horario más reducido, con un nivel de cumplimiento menos intenso, amplias posibilidades de ausencia en el puesto de trabajo, más vacaciones y elevado absentismo, entre otras.
En consecuencia, el OEA, en un informe sobre un programa de ajuste y competitividad para Andalucía, defiende una reforma que ajuste la dotación del personal público empleado a las necesidades reales de trabajo, lo que exige previamente una evaluación de las necesidades de empleo de cada departamento y servicio.
También se requiere una mayor flexibilidad y movilidad de los empleados públicos para "adaptar la oferta de servicios a la cambiante demanda".
El informe apunta que la percepción generalizada de los usuarios de los servicios públicos coincide con un exceso de plantilla o la escasa intensidad del trabajo de los empleados.
No obstante, precisa que no es generalizable a todos los departamentos ni personas que trabajan en la administración, ya que hay servicios con sobredotación de empleo y los empleados están sometidos a intensos ritmos de trabajo.
El empleo público en Andalucía en enero de 2011 se elevaba a 497.622 personas, el 18,5 % del total nacional, un porcentaje mayor de lo que la comunidad representa en el conjunto de España en términos de PIB, empleo y población.
Es "relevante el elevado" peso del empleo público en relación al PIB -3,5 empleados públicos por millón de euros del PIB, frente a 2,5 de media de las comunidades, sólo superado por las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha-, según el informe.
También Andalucía es de las regiones en las que el empleo público participa en mayor medida en el empleo total, en contraste con las comunidades más desarrolladas como Cataluña, País Vasco, Baleares o La Rioja.
La diferencia de ratio se intensifica cuando se compara la relación entre asalariados públicos y el total de asalariados (21,2 %, frente a 17,7 % de media en España).
El Observatorio Económico sostiene que el ajuste en las administraciones debe extenderse también a las corporaciones locales, sobre todo a las diputaciones "sobre las que existe un amplio consenso social de que son prescindibles, ya que los escasos servicios que prestan no justifican el elevado gasto corriente que soportan".
Además, apuesta por disminuir el número de consejerías, de direcciones generales y por la integración de las distintas delegaciones provinciales.
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