Expertos destacan la necesidad de la especialización jurídica en materia de discapacidad

La magistrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y secretaria del Foro Justicia y Discapacidad, Rocío Pérez-Puig González; el fiscal de la Fiscalía General del Estado Carlos Ganzenmüller; el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Luis Nieto Guzmán de Lázaro, y el asesor jurídico del Cermi, Óscar Moral, coincidieron hoy en destacar la necesidad de la especialización jurídica en materia de discapacidad.


Así lo expresaron durante la celebración de la mesa redonda "Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad" en la III Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Defensa Legal de la Discapacidad (DLD) y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Rocío Pérez-Puig destacó que la principal preocupación del Foro al que representa ha sido la creación de juzgados especializados en materia de discapacidad. Según subrayó, “actualmente en España hay 19 juzgados de este ámbito”. En este sentido, señaló que “es fundamental” promover la dignificación de juzgados especializados y potenciar la formación de jueces especializados en esta materia.
El fiscal Carlos Ganzenmüller resaltó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso “una convulsión en el ordenamiento jurídico español”, al tiempo que denunció que “actualmente no hay una ley específica sobre cómo regular los mecanismos recogidos en la Convención”.
También subrayó, en referencia al principio de accesibilidad de la justicia, que “es necesario partir de la capacidad natural perceptible de la persona con discapacidad”, aunque reconoció que debe hacerse “con el apoyo necesario”.
“La UE ha instado en varias ocasiones a la aplicación de la Convención en todos los países europeos, lo que constituye un primer paso para un derecho europeo de la discapacidad”, añadió.
El decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Luis Nieto, señaló un incremento en el uso del turno de oficio de la justicia gratuito entre las personas con discapacidad, pero indicó también la necesidad de fomentar el turno de oficio especializado en este ámbito y que la Administración, tanto estatal como autonómica, se implique en esta labor.
Por último, Óscar Moral, asesor jurídico del Cermi, aseguró que es el momento de dar un paso hacia delante para el cumplimiento de las normas relativas a la discapacidad. También afirmó que la utilización del beneficio de justicia gratuita “no se está usando con la intensidad que se debiera”.
“Es imprescindible poner en marcha un servicio de oficio especializado y juzgados especializados en esta materia, ya que el derecho a la accesibilidad a la justicia está reconocida, pero no garantizado”, añadió. Según Moral, “un ciudadano con discapacidad no está en igualdad de condiciones cuando acude a la Administración de Justicia”.