Así lo ha dicho el exresponsable del sindicato al inicio de la que iba a ser su comparecencia ante la comisión de investigación, cuando ha señalado que, debido a su condición de investigado por la Justicia, se acoge a dicho derecho.
Previamente el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos) le había leído, como hace con cada uno de los comparecientes sus derechos reconocidos por la Constitución, especialmente los relativos a la intimidad y el honor, así como a no declarar contra sí mismo o a no confesarse responsable de ilícitos penales o administrativos.
De la misma manera que Fresneda se ha acogido a su derecho a no declarar, los portavoces de los grupos parlamentarios --a excepción del PSOE-- han hecho lo mismo con el suyo a formular sus preguntas. Todos han coincidido en expresar su respeto al derecho del compareciente y en lamentar la imposibilidad de conocer su opinión y su información sobre determinados asuntos como la titularidad de los centros en los que se impartieron los cursos, las posibles contraprestaciones en los alquileres, las facturas o las justificaciones de los cursos.
El portavoz de IU José Antonio Castro ha sido el primero en tomar la palabra y ha lamentado que el silencio de Fresneda impida conocer "cómo funcionaba este fraude sistemático", si el mismo "era conocido por alguien de la administración" o si era el extesorero el que "daba las ordenes de hacer una contabilidad A y otra B". En lo que se refiere a las responsabilidades políticas, IULV-CA ha defendido el interés que para la ciudadanía tiene que "se hubieran aclarado las relaciones de UGT con la Junta de Andalucía".
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos Marta Bosquet ha centrado su intervención en diferenciar entre el "entramado constituido por empresas y fundaciones para gestionar el dinero de los cursos y quedarse con porcentaje" y, por otro lado, el "desvío de los fondos de formación para actividades sindicales con facturas falsas". Así ha preguntado por los alquileres para los locales que sirvieron de aulas o por las subvenciones que "se pagaron al cien por cien sin justificación previa", entre otros asuntos.
Coincidiendo con el portavoz del PP, Bosquet ha aludido al empleo del marido de la presidenta, José María Moriche, en UGT-A y al hecho de que "en su nómina aparezca como tutor", cuando, según sus datos, su actividad era la de preparación de tutorías y de enlace entre tutores y profesores.
No obstante, el portavoz 'popular' Miguel Angel Torrico ha sido más incisivo en este asunto y ha lamentado que Fresneda no haya aclarado la función de Moriche como empleado de UGT, qué proceso de selección pasó para llegar a su puesto o su formación y retribuciones. Entre las preguntas del PP también había otras para que el extesorero del sindicato opinara sobre si consideraba que el marido de la presidenta "era conocedor" de las prácticas y de "cómo se gestionaban las facturas para justificar cien por cien de los cursos aunque no se hubieran producido".
En su intervención, el 'popular' se ha referido al "lado B" y, al hilo de las cantidades que "no se gastaban y que se quedaban en el sindicato", el diputado ha pedido que se aclare si se "llegó a pagar cantidades en metálico a los cargos del sindicato o si existían visas oro para gastos" o si los altos cargos del PSOE andaluz y de la Junta conocían esos procedimientos a la vista de los "vasos comunicantes" entre el sindicato, la administración y el partido.
Para Podemos, el compareciente debería haber respondido a si se contrataban edificios de IFE para cursos de formación, si éstos se impartían en sedes del PSOE o "por qué sindicatos y patronal continuaron recibiendo subvenciones para la formación cuando esta ya se había eliminado para todo el sector privado", según ha leído su portavoz Juan Moreno Yagüe.
PSOE VE COACCIÓN EN LA OPOSICIÓN
Por su parte, el portavoz del PSOE Rodrigo Sánchez Haro también ha manifestado su respeto a la situación procesal y al derecho a no declarar del compareciente pero, además, ha reprobado que los otros grupos políticos hayan formulado preguntas una vez que aquel había manifestado que no declararía ya que a su juicio, "puede suponer una coacción" a sus derechos.
Tras recordar que esa postura no es una idea propia del PSOE sino "doctrina" del Supremo, Sánchez Haro ha indicado que parece que a los comparecientes se les "pretende juzgar" por su relación con el PSOE y que en lugar de pretender "conseguir la verdad", los partidos practican "una perversión para dar traslado a la televisión de las posiciones que solo son del propio diputado" de modo que el compareciente "se sienta coaccionado".
La postura socialista ha sido contestada por el portavoz de los 'populares', que ha criticado que parece que el PSOE quiere que "se tienda la manta sobre todo y que no podamos saber nada".
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